Como la censura franquista se centraba sobre todo en la información nacional, los lectores de prensa interesados en la información política nos refugiamos en las páginas de internacional. Quizás por eso ha sido para mí tan decepcionante la falta de rigor y la superficialidad con la que algunos de los más prestigiosos medios internacionales han informado de lo sucedido en Cataluña. Si ha sido así en este caso, no será en general muy distinto el tratamiento en otros asuntos de la actualidad internacional, ¡qué decepción!

Bien, pues algo parecido me está pasando con la información que algunos medios ofrecen estos días sobre la apertura del juicio de los ERE. Hay honrosas excepciones, ¡cómo no! Me refiero a los que, por ejemplo, afirman enfáticamente que se sienta en el banquillo una era, la del "régimen" clientelar que durante décadas ha gobernado Andalucía. Como si algo así tuviese posaderas. En realidad los que dicen ese tipo de cosas dan la razón a quienes han visto en este caso una causa general contra la Junta de Andalucía y el PSOE. Pero lo único cierto es que se juzgan unos hechos y a unas personas concretas. Claro, no es fácil entender con cierta precisión de qué va todo esto. La dificultad estriba en un oceánico sumario que la jueza Alaya empezó a construir a partir de una conjetura que, a pesar de no estar soportada en ninguna prueba, ha guiado toda la instrucción: que presidente, consejeros y altos cargos se confabularon para delinquir. Frente a la explicación más sencilla, que crearon un sistema de agilización de pagos para minimizar la conflictividad social causada por numerosas crisis de empresas. Ninguno de los máximos responsables "confabulados" han obtenido ningún lucro personal, algo que está fuera de toda duda. Es insignificante el número de afiliados al PSOE que se pudieron beneficiar de alguna irregularidad y no se desvió dinero para financiar al partido. La pregunta lógica sería: entonces, ¿para qué se confabularon?

Otro brochazo es calificarlo del mayor caso de corrupción de la historia. Pero en realidad, aunque la Fiscalía defienda la ilegalidad del procedimiento, lo cierto es que, como se ha reconocido en diferentes autos, el dinero fue a parar en su mayor parte a quien legalmente correspondía. Algunas estimaciones cifran lo defraudado en torno a los 80 millones -mucho dinero, cierto es- pero es el 10% de los 800 millones que barajan muchos medios.