Cuando celebramos el día de la Constitución solemos hablar de su pasado y destacamos que mantiene su vigencia en la actualidad. No debería ser así. Lo que pertenece a nuestro mejor pasado histórico es el pacto político de la transición que permitió consensuar una Constitución democrática. Un pacto político con muchas luces y algunas sombras. Sin embargo, la Constitución es otra cosa. La Constitución es un conjunto de normas que rigen la organización política de la sociedad. Por tanto, de la Constitución hay que hablar en presente y en futuro pues lo importante no es su origen sino su realidad actual. Por ello, más que celebrar su cumpleaños, debemos comprobar si se cumple y si está actualizada para responder a las necesidades y problemas de la sociedad española.

En el primer sentido, la Constitución se cumple. Mantiene su capacidad garantista de los derechos de la ciudadanía y ha permitido un funcionamiento correcto del sistema de gobierno parlamentario. Ante conflictos políticos serios, como la declaración unilateral de independencia de Cataluña, se aplicaron los instrumentos de coerción constitucionalmente previstos y, ahora, ante la terrible pandemia ha funcionado el derecho constitucional de excepción, más allá del debate jurídico sobre el estado de excepción o el estado de alarma. Por ello resulta tan llamativo el flagrante incumplimiento de la Constitución al que asistimos con el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial desde hace más de tres años. Y lo peor es que no existen mecanismos para sancionar ese desafío a la Constitución.

En cuanto a su actualización, la incapacidad para proceder a la reforma del texto es un problema endémico de la España constitucional. Ante esta situación, que se agrava año a año, la respuesta no puede ser la defensa de una gran reforma constitucional. Hay que generar antes una cierta cultura de reforma a través de modificaciones puntuales, que sean indiscutidas y sobre las que exista un amplio consenso. Por ejemplo, la reforma del artículo que se ocupa de las personas con discapacidad para superar la terminología denigrante que utiliza y la concepción médico-rehabilitadora de la que parte. Pero incluso esta reforma simple, cuya pertinencia nadie discute, está bloqueada en el Congreso.

En fin, este constitucionalista de profesión quiere aprovechar el 6-D para recordar que la Constitución hay que cumplirla e introducir las modificaciones que precisa para adaptarla a la realidad actual. En otro caso, se estará invocando la Constitución en vano.