EL debate con el que el Parlamento de Andalucía cerró ayer su octava legislatura fue en buena medida un adelanto de la coyuntura que la comunidad vivirá desde que la Cámara quede disuelta el martes próximo hasta el domingo 25 de marzo, cuando los votantes renueven la institución: la defensa de las bondades de continuar, tras treinta años de gestión en la Junta, bajo un Gobierno del PSOE o, por el contrario, la conveniencia de una alternancia, que en Andalucía encarna el PP. Las intervenciones del presidente José Antonio Griñán y de Javier Arenas fueron la mejor muestra de esa disyuntiva a la que el electorado andaluz se enfrentará en menos de dos meses. El cuarto presidente de la Junta, que en marzo sin embargo será por primera vez el candidato del PSOE a este cargo, se esforzó en defender la solvencia económica de la Administración andaluza y despejar la sombra de duda levantada por la oposición popular, que ha llegado a equiparar la situación con una suspensión de pagos. También enfatizó la defensa de la gestión de su Gobierno en el escándalo de los ERE, un asunto que será, a buen seguro, su calvario en esta campaña electoral en la que tanto se juegan él y el socialismo. Enfrente, Javier Arenas articuló un discurso propio de un debate de investidura -algo que reconoció hasta Griñán, aunque con carga irónica-, presentándose como un cambio ilusionante para el electorado que esté hastiado tras tres decenios de Gobierno socialista. Arenas repitió la idea una y otra vez, casi como una prolongación de su publicidad de precampaña. Introdujo además otro elemento a modo de advertencia: está convencido de que, como ocurrió en los comicios de noviembre, no funcionará el mensaje del miedo a un futuro regido por su opción política. Andalucía encara las elecciones en los mismos términos que este debate de ayer, con la oportunidad de decidir continuar con la fórmula de autogobierno elegida por ocho veces desde 1982 o de alternarla por el mismo partido que tiene el encargo de gobernar España.