LA cultura anglosajona, por poner un ejemplo, ha tendido siempre a simplificar las reglas de juego para dotarse de una mayor agilidad y eficacia ante las necesidades que demanda la sociedad. Posiblemente a ello contribuya su preciso idioma, idóneo para la formulación científica. En nuestro país, especialmente en nuestra Andalucía, tendemos a solucionar las necesidades sociales creando leyes y más leyes, que necesitan de reglamentos y más reglamentos que, a su vez, requieren, para cualquier actuación, de informes y más informes. No es que esté en desacuerdo con el establecimiento de tales requisitos, sino que me temo, porque así ocurre desde siglos, que la complejidad normativa no venga más que a entorpecer y alargar en el tiempo toda iniciativa de desarrollo social y económico.

Hasta ahora la implantación de una determinada industria en cualquier zona necesitaba de su correspondiente informe de salubridad. Un informe que venía referido a una actuación concreta y a una actividad concreta. Su propia concreción conlleva la objetividad necesaria para determinar su idoneidad o no desde la óptica de la salud pública. Ahora la Junta de Andalucía pretende sacar adelante un anteproyecto de ley por el que los correspondientes planeamientos, comenzando por los planes generales de ordenación urbana, han de llevar un informe favorable de evaluación del impacto en salud. ¿Quién es capaz de evaluar si una determinada recalificación de suelo es buena o mala para la salud de los ciudadanos? Posiblemente pueda ser excelente para la salud económica de algunos. También es posible que pueda afectar negativamente a la salud psíquica de quienes, una vez hipotecados para adquirir una vivienda en la zona, no puedan pagarla.

Leía en la noticia, avanzada por este diario, que con esta ley se pretende dar respuestas a preguntas como: ¿un carril bici ayuda a evitar infartos? ¿en peatones o en ciclistas? Difícil respuesta tiene el asunto. Lo que ayuda a evitar el infarto es el ejercicio que se hace al desplazarse en bicicleta y el carril facilita esa posibilidad, pero no es menos cierto que el carril bici puede ser bastante insano para quien sufre el atropello de un temerario ciclista. Con ello vengo a referirme a que determinados informes como los de impactos medioambientales, hídricos, energéticos, etc. tienen unas bases objetivas para su formulación, pero los de salubridad pública, en el caso específico de los desarrollos urbanísticos, no van a servir más que para poner otra china en el camino, ya de por sí bastante penosos de andar.

Esta nueva ley, que preceptúa el antedicho informe, no viene más que a engrandecer esa inmensa tela de araña en la que se ha convertido nuestra legislación urbanística, añadiendo un procedimiento más de difícil evacuación con criterios objetivos. Y no quiero con ello decir que no sea importante que se tenga en cuenta un asunto tan relevante como es el de la salud pública, sino que no se puede, como pretende la consejera Montero, ponerla en marcha para "aprender a diseñar las herramientas para una evaluación objetiva".