EL Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) consiguió, tras catorce horas de negociaciones, llegar a un acuerdo unánime sobre el conflicto que ha envenenado durante los últimos días las relaciones entre Colombia, Ecuador y Venezuela. Es importante que la organización, a la que se acusa habitualmente de inoperancia, haya sido capaz de poner un punto de racionalidad a una crisis que afecta de alguna manera a toda la América hispana. Ello ha sido posible después de que el Gobierno colombiano asumiera que había violado la soberanía y la integridad territorial de Ecuador con su operación contra guerrilleros de las FARC que estaban asentados en territorio ecuatoriano, con el propio portavoz de la guerrilla, Raúl Reyes, al frente. Reyes resultó muerto en la acción. La resolución contribuirá a rebajar la tensión entre las dos naciones vecinas, a la que no tardó en sumarse el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que ha enviado un nutrido contingente militar a la frontera con Colombia. No conviene olvidar que Chávez actúa en este ámbito por motivos de política interna, ya que desde que perdió el referéndum con el que intentaba perpetuarse en el poder ha puesto sus miras a presentarse como mediador entre la narcoguerrilla y el Gobierno de Bogotá. En el fondo de este conflicto se encuentra precisamente la actividad continuada de una guerrilla que ha acabado convirtiéndose en una organización puramente mafiosa que retiene en su poder a más de seiscientos rehenes y que trata de chantajear al Estado colombiano, presidido por un presidente, Álvaro Uribe, que aparece como el protegido de los Estados Unidos en la región. Hay que darle la razón en lo que se refiere a la defensa de las instituciones colombianas frente a los ataques de la guerrilla, aunque la senda para combatirla y pacificar la zona ha de pasar por la cooperación con las naciones hermanas y no por la invasión de sus territorios.

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