La elección de los órganos del poder judicial siempre será un tema complejo en el que es difícil aunar la necesidad de hacerlo emanar de la soberanía popular y procurar a su vez su máxima independencia. De hecho las fórmulas para intentar lograrlo son tan diversas como constituciones democráticas hay en el mundo. Sin ir más lejos recientemente hemos vivido como se nombran los miembros del Tribunal Supremo de EE.UU; por decisión del presidente. La fórmula recogida en la Constitución española busca ese difícil equilibrio, basándose en una decisión del órgano que representa la soberanía popular, las Cortes Generales, y buscando a la vez una mayoría reforzada. Desgraciadamente, la ejecución práctica de esa necesidad de un mayor consenso no se conseguía buscando personas que fueron aceptadas por el máximo de grupos políticos, sino que desde el primer día ese apoyo cualificado se conseguía en un descarado reparto de cuotas para cada formación política, con lo que el pretendido consenso era pura ficción.

De cualquier forma, la reducción de esa mayoría reforzada no puede considerarse una buena noticia; todo lo contrario, abundaría en la negativa imagen de dependencia del poder judicial de las fuerzas parlamentarias. Por tanto, se puede pensar que las críticas que esa proposición de ley presentada por UP y PSOE tienen fundamento y pueden parecer perfectamente razonables. Pero todo el mundo sabe que esta propuesta tiene una causa conocida y, si quienes ahora hiperbólicamente se rasgan las vestiduras por el supuesto atentado a la independencia del poder judicial y advierten de la, para ellos, incalificable agresión a la esencia democrática de nuestra constitución, hubieran también dirigido sus críticas, advertencias y presiones contra la actitud obcecadamente inconstitucional del principal partido de la oposición al negarse a intentar acordar la renovación del CGPJ, quizás esta proposición ni existiría ni tendría razón de existir. Pero lo cierto es que mientras el PP se ha negado a prestar su necesaria contribución a la normal renovación del órgano judicial, estos voceros de la pureza constitucional optaron por mirar a otro lado, cuando no a reforzar y apoyar la desafiante y obstructiva posición del partido de Pablo Casado. Porque solo volviendo a la racionalidad constitucional de prestar la leal colaboración para la renovación del Consejo se evitaría el deterioro al que ahora mismo se ve sometido.Y en este empeño unos tienen más responsabilidad que otros.