Mi capacidad de sorpresa ante la administración no tiene fin. Cuando creo haberlo visto todo, una nueva noticia renueva mi confianza en su ilimitada capacidad creadora. Y para eso, el Ayuntamiento de Málaga es una institución pionera con vocación propia de Smart City.

Su señoría ha admitido la suspensión del concurso del catálogo del PEPRI Centro. Parecía obvio. Si no lo hace, corre el riesgo de que el catálogo esté terminado cuando pueda dictar sentencia. O no. Si el motivo del litigio es la incorrección del contrato, parece lógico suspenderlo mientras se resuelve. Pero en el proceso, cada parte tiene su papel y la administración rara vez abandona el hidalgo "defendella y no enmendalla". Obligados a alegar al recurso del Colegio de Arquitectos, la Gerencia se ha explicado. Cuando exigen un equipo de doce titulados universitarios, no significa que tengan que trabajar todos. A precio de convenio, solo da para una semana de trabajo al mes y se ignora para qué quieren a tanta gente. Pero al ritmo de 25 fichas por semana que indica el pliego, los seis meses que se prevén se quedan cortos y se necesitará un año. La novedad es el perjuicio. Si la contratación se paraliza, Urbanismo avisa que la perjudicada será la ciudad, a la que se le generará una importante "lesión económica". En marzo de 2017, casi tres años después de que el Ayuntamiento aprobara el avance tras dos años de trabajos, la Gerencia estimó que necesitaría un año más para finalizar el documento. Tres meses después de incumplir su propio plazo, se desconoce la fecha de entrega. Mientras, la obtención de licencias en la Gerencia continua con su ritmo de boga de galeotes con el PEPRI de 1989 vigente.

Después de que el Colegio recurriese los tres últimos concursos de planeamiento convocados por la Gerencia y que hayan quedado desiertos al no despertar interés económico alguno, Urbanismo sigue defendiéndola sin enmendarla. Siempre es bueno que haya niños a quienes culpar y el Ayuntamiento acaba de encontrar uno al que achacar este retraso. El juez ha pedido a los arquitectos un aval de más de 100.000 € para compensar el posible perjuicio de una reclamación que se resolvería reconociendo que un concurso al que solo se presenta un equipo no está bien planteado. Del perjuicio de esta defensa numantina, como del de tener que volver a sacar a concurso esos tres Planes Especiales, no se responsabilizará nadie.