NO hay día sin su correspondiente mala noticia sobre la economía española. Mientras otras economías del contexto europeo más desarrollado están saliendo de la recesión, como Francia y Alemania, la crisis de nuestro país no parece tener fin y las autoridades sólo pueden aferrarse al dato de que la caída de la producción y del empleo se ha ralentizado en los últimos tiempos. Junto al paro, que ha aumentado espectacularmente en sólo un año, el déficit de las cuentas públicas reviste el carácter más grave y de consecuencias más dramáticas. Según las cifras de ejecución presupuestaria difundidas oficialmente ayer, el déficit del Estado se ha multiplicado por cinco en tan sólo un año. En julio de 2008 era de 9.912 millones de euros y en julio de 2009 alcanzó la cifra récord de 49.687 millones. Esta cuantía supone en términos porcentuales un 4,69% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que hace previsible que a final del ejercicio en curso el déficit ronde el anunciado 10% y ponga aún más difícil la meta de convergencia impuesta por la Unión Europea. Los ingresos descendieron un 16,9% frente a una subida de gastos del 24,5%, en ambos casos por culpa de la recesión económica: se han paralizado o reducido numerosas actividades productivas y, a la vez, ha habido que sufragar las medidas de impulso fiscal, promoción de empleo y prestaciones a los parados que el Gobierno ha tenido que ir improvisando después de haberse negado a reconocer el alcance y la intensidad de la crisis. Incluso el superávit de la Seguridad Social, uno de los indicadores más tranquilizantes de que hemos dispuesto en los últimos años, se ha reducido en un tercio. De este estado de cosas se desprende la condición ineludible de aumentar los ingresos del Estado a corto plazo. El Gobierno se ha decantado ya hacia una mayor presión fiscal a las rentas derivadas del capital, inmediatamente después de haber sido muy generoso con la financiación de las comunidades autónomas, marginando una vez más a los ayuntamientos. Es una opción que va a encontrar serias dificultades en el Parlamento.