EL acuerdo entre los sindicatos y la Junta de Andalucía que permitirá la prejubilación de unos 400 antiguos trabajadores de la multinacional Delphi en la Bahía de Cádiz a partir de los 50 años ha causado una gran polémica. Y no es para menos. En la misma semana en la que el Gobierno central ha abierto un debate nacional con su propuesta de alargar la edad de jubilación hasta los 67 años, una decisión de este tipo, adoptada desde el Ejecutivo andaluz, parece poco coherente. Bien es cierto que el acuerdo, adoptado el jueves por la comisión de seguimiento de Delphi, ya aparecía contemplado en 2007, cuando se pactaron medidas tras el cierre de esa factoría. Pero, desde entonces, la Junta ha estado vendiendo cada día que los ex trabajadores de esa compañía iban a encontrar un empleo estable en muchas de las inversiones que tenía previstas en la Bahía de Cádiz. Al mismo tiempo, los despedidos de Delphi han venido disfrutando desde el cierre de la factoría de la percepción por desempleo y realizando cursos de formación, además de gozar de prórrogas ante la evidente ausencia, salvo excepciones, de esos puestos de trabajo prometidos. El trato hacia este colectivo ha despertado muchos recelos desde un principio entre el resto de desempleados, por lo que el acuerdo que permitirá la prejubilación desde los 50 años ha causado un gran malestar entre los parados, que sólo en la provincia de Cádiz se acercan a las 200.000 personas. Los agravios comparativos en materia de empleo son muy peligrosos y, por muchos compromisos que la Junta hubiese adquirido en su momento con los despedidos de Delphi, hay que entender el rechazo a una decisión de este tipo en un momento tan delicado como el actual en España. Además, no tiene mucho sentido haber empleado tantos años de recursos en la formación de personas que no van a acabar en el mercado de trabajo finalmente. Más bien habría que preguntarse si no estamos ante el fracaso de una política, de una estrategia que en su momento capeó el temporal electoral y que, ante la evidencia de la no creación de los puestos de trabajos anunciados, ha acabado claudicando ante la decisión más fácil. Financiada, eso sí, con dinero público. Mal camino.