MÁS de 155.000 personas se benefician actualmente en Andalucía de las ayudas arbitradas mediante la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, más conocida como Ley de Dependencia, que entró en vigor en enero de 2007 como uno de los pilares del Estado del bienestar. El perfil de los solicitantes es claro: mujer en un 65% del total de los casos, mayor de 80 años, con graves dificultades para valerse por sí misma. La reunión del Consejo Interterritorial de la Dependencia, que se celebra hoy en Madrid, ha de servir para hacer balance del desarrollo y aplicación de la norma, caracterizado por la desigualdad entre unas comunidades autónomas y otras. Este desequilibrio nació con la propia ley, ya que hasta el pasado año el criterio más valorado a la hora de distribuir los recursos estatales entre los distintos territorios era la población potencialmente dependiente, que se ponderaba en un 94%. Los gobiernos regionales que por motivos políticos o de elección de prioridades se ocupaban menos de atender a sus dependientes resultaban paradójicamente beneficiados frente a los que priorizaban este tipo de prestaciones. Entonces se impuso que el factor de población realmente atendida contase en un 20% para el reparto. Aun así el reparto de fondos continúa siendo injusto. Por eso la Junta viene demandando que la financiación por todos los conceptos se haga en función de los dependientes que reciben prestaciones en cada comunidad autónoma, primando también la atención por los servicios sociales por encima de la recepción de una paga económica. Esta posición fue avalada la semana pasada por los tres grupos representados en el Parlamento de Andalucía. Su aceptación en el Consejo de la Dependencia haría ingresar a la Junta siete millones de euros para esta finalidad. Esta comunidad autónoma, que ayuda a uno de cada tres ciudadanos españoles en situación de dependencia, se ha tomado en serio la ley, y por eso no merece ser castigada con los criterios vigentes. La crisis no permite exigir más dotación para la dependencia, pero, al menos, debe garantizarse la equidad de su distribución.