La última controversia política nos está llevando al borde del esperpento. Era difícil imaginar que en escasos meses virarían tanto los planteamientos políticos que llegara el momento de ver cómo quien defendió con celo y firmeza su capacidad de autogobierno y su autonomía constitucional, clame ahora para pedir al Gobierno central que intervenga, coordine y unifique criterios para poder luchar contra la pandemia Las voces e instituciones que más se distinguieron en denunciar la intolerable invasión de competencias por el Ejecutivo central de la mano de la declaración del estado de alarma han sido, precisamente, las que emplazan a esta misma administración para que dicte normas de obligado cumplimiento en materias que estatutariamente son competencia exclusiva de las autonomías. ¿Qué ha ocurrido para que en tan poco tiempo la exigencia del respeto a las competencias de cada territorio se haya cambiado por la necesidad de coordinar y unificar criterios en torno al Gobierno de España? La respuesta no es otra que el miedo a asumir responsabilidades y decisiones que pueden acarrear confrontación, críticas y desgaste. La vuelta a las clases ha sido el detonante de esta actitud. Desde junio, las consejerías respectivas se han esforzado para que el inicio del curso escolar se hiciera con seguridad y calidad. Pero este cometido han recibido críticas, algunas justas y otras no tanto, suscritas por la mayoría de la comunidad educativa. Los gobiernos autonómicos se encontraron solos ante el peligro y en el ojo del huracán del ataque de padres de alumnos, profesores y sindicatos. Por eso surgió la brillante idea de buscar un culpable y, primero la Comunidad de Madrid y después el resto de autonomías gobernadas por el PP, no dudaron en señalar al Gobierno central como causante de las deficiencias y así intentar volver a la cómoda posición de ser el dedo acusador sin responsabilidades propias.

Este descarado juego de evitar tomar decisiones conflictivas pueden causar un daño apreciable al prestigio del estado autonómico. Mal puede entender la ciudadanía que la construcción del estado autonómico y el equilibrado reparto de competencias pueda saltar por los aires según los coyunturales intereses políticos de los dirigentes regionales, que unas veces reclaman mayores competencias y otras, en momentos difíciles, intentan parapetarse en la responsabilidad exclusiva del gobierno español. La pregunta inevitable es: ¿entonces, para qué sirven?