Todos los que hemos tenido la suerte de ser vacunados en estos meses lo hemos podido comprobar de primera mano: en nuestro país, el Estado, o la Administración -da igual cómo lo llamemos- funciona aceptablemente bien, o incluso muy bien. Es cierto que tenemos una clase política calamitosa, con algunos de los políticos más ineptos -o descaradamente imbéciles- que hemos conocido en muchos años. Cuando oímos a algunos ministros anunciar muy ufanos que se puede programar una lavadora para las cuatro de la madrugada, ignorando las molestias a los vecinos que tienen la lamentable costumbre de levantarse a las seis de la mañana, uno tiene la sensación de que esa gente vive en una burbuja totalmente alejada de la realidad. Pero el Estado, por fortuna, sigue funcionando bien. Y cuando hablo del Estado, me refiero a los trabajadores públicos -médicos y sanitarios, técnicos de la Administración, jueces, policías y empleados públicos- que han hecho posible la vacunación masiva.

Por eso da tanta rabia ver que la izquierda que nos gobierna -justamente la que se pasa la vida defendiendo de boquilla la dignidad de los servicios públicos- esté llevando a cabo un plan para desmantelar los mejores servicios del Estado. Y lo peor del caso es que esta demolición controlada se está llevando a cabo en nombre de la democratización y de la lucha contra la desigualdad (siempre son las grandes palabras las que sirven de excusa perfecta a los estafadores). Para empezar, ya se están cargando el sistema de formación de los médicos, el MIR, que es uno de los mejores del mundo, para sustituirlo por otro que nadie sabe en qué va a consistir. Luego van a intentar destruir la judicatura y los cuerpos superiores de técnicos de la Administración, y ya están diciendo -y lo dice gente que ni siquiera ha podido aprobar el Bachillerato- que hay que evitar los temarios memorísticos porque son injustos. En la enseñanza pública ya no hay nada que hacer: desde hace años, varias reformas disparatadas han destruido un sistema educativo que era de los mejores de Europa y que ahora ya ni siquiera puede competir con Tailandia o con la India. Y lo peor del caso -insisto- es que quienes están desmantelando los mejores servicios públicos son esos ignorantes que dicen actuar en nombre de la dignidad de lo público. Ay, ay, pobres de nosotros.