La celebración institucional del pasado día de Andalucía ha transcurrido con una elogiable discreción. Que era lo que cabía esperar en una región políticamente asentada. Movilizar a las poblaciones, llenar las calles, es fácil; basta la golosina de un banderín de enganche, cuatro eslóganes y prometer lo mejor, pero en el futuro. Los logros en los países democráticos dependen de la política del día a días y los entusiasmos conmemorativos tienen el peligro de ser muy manipulables. Por tanto, limitar este tipo de actividades a estrictas ceremonias protocolarias, como la del Teatro de la Maestranza, puede ser suficiente si así se resalta más el acontecimiento con mayor sentido en esta celebración: el homenaje a una serie de andaluces que, por un motivo u otro, han desarrollado una trayectoria ejemplar. Y airear, en estos años, conductas que puedan tomarse como modelo es imprescindible. A su vez, de esta forma se da entrada en la vida pública a distintos representantes de ámbitos diversos de la sociedad civil andaluza. Lo único lamentable es que no se haya completado más esa válida puesta en escena, porque tras esos nombramientos surge de inmediato una pregunta: ¿y a esos señores quién los ha elegido? Pregunta que puede sorprender a los altos cargos de la Junta que desde sus despachos oficiales llevan casi cuarenta años tomando, con la mayor naturalidad, este tipo de decisiones en solitario. Y mientras no sean presionados, no piensan ceder esa prerrogativa. Sin embargo produce un cierto pudor que esta forma de actuar, versión andaluza del antiguo despotismo ilustrado, se mantenga como una reliquia de otros tiempos. Desde hace ya bastante años las instituciones y organismos que conceden premios y distinciones tan significativos como el Premio Cervantes, los múltiples Premios Nacionales, los Premios Princesa de Asturias, y otros muchos, han sabido delegar ese poder de decisión en comisiones especializadas e independientes. Delegar poder no significa cederlo del todo, dado que los miembros de las comisiones los nombra ese mismo poder, pero, cuando menos, la apariencia se salva. No se trata de poner en duda la calidad de las personas homenajeadas, pero para que su ejemplo sea aún más reconocido por los andaluces, no debe estar hipotecado a la opacidad de un despacho gubernamental. Y, por otro lado, esto obligaría al partido en el poder a salir de sus despachos y buscar gente en la calle, estudiosos y expertos con criterios, para ver si así, de una vez, se articula en Andalucía una posible sociedad civil.