Las comisiones parlamentarias de investigación nacieron como mecanismo para que las asambleas legislativas, en su misión de controlar al gobierno, pudieran averiguar y analizar responsabilidades políticas sobre acciones del ejecutivo que consideraran incorrectas, irregulares o, incluso, delictivas. La verdad es que esta función de averiguación se fue solapando con la nada disimulada intención de los grupos políticos de buscar el desgaste del adversario mediante este mecanismo. Es cierto que casi nunca este instrumento parlamentario sirvió para conocer nuevos hechos o para que los grupos modificaran sus iniciales posiciones. A pesar de ello, estas comisiones siempre respondían a hechos objetivos que justificaban las actuaciones y se producían con las formalidades suficientes de seriedad y rigor.

El desprestigio surge cuando una mayoría parlamentaria, creyendo que su legitimidad no conoce más límites que su propia conveniencia, utiliza esta fórmula de control de manera torticera y caprichosa, sin más razón que erosionar políticamente al adversario. Eso es lo que tristemente ha pasado esta semana en el Parlamento de Andalucía. Para algunos podría parecer no necesaria esta comisión por analizar hechos, (a los que no hay que quitarle ninguna importancia ni ahorrarle ningún rechazo ni condena), que ocurrieron hace más de ocho años, que ya están siendo investigados por la justicia y cuyos presuntos responsable están alejados de la actividad política. Aun así, podría pensarse que existía alguna razón para crear esta comisión. Pero cuando las personas a la que se cita son los expresidentes de la Junta, que no tuvieron participación en los hechos, o a miembros de gobiernos muy posteriores, la intencionalidad de la propia comisión comienza a aparecer explícita. Pero si, además, la mayoría parlamentaria decide, contra toda lógica y costumbre, que las comparecencias se realicen justamente en la única semana de la campaña electoral, entonces se puede decir que estamos ante la más irresponsable y ciega instrumentalización de la actividad parlamentaria, que afecta no solo a la credibilidad de esa comisión, sino, y eso es más grave, a la propia credibilidad del Parlamento. Se podría pensar que, si existiera un partido que no creyera en el estado de las autonomías ni en la necesidad de la existencia del parlamento andaluz, ese partido sería el gran beneficiado de esta nefasta decisión. El problema es que ese partido existe y se llama Vox.