LAS dificultades para gobernar en tiempos de crisis, asfixia financiera y recortes, la evidencia de que PSOE e IU son dos partidos distintos, históricamente enfrentados, que compiten por parecido espacio electoral y el protagonismo adquirido por la nueva presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se han aliado para sacar a la luz las tensiones y divergencias entre las dos organizaciones políticas de la izquierda que se aliaron para gobernar la comunidad autónoma. Estas diferencias, que coexisten desde la firma de la coalición, se han agudizado tras la elaboración de los Presupuestos de 2014, en los que Izquierda Unida no ha visto reflejados algunos de sus proyectos más queridos. Ni el banco público, ni el banco de tierras ni el aumento de impuestos, en efecto, han sido asumidos por los socialistas, que sólo han hecho concesiones más bien terminológicas a sus socios. La respuesta de IU ha sido, prácticamente, tratar de desarrollar su propio programa, como si hubiera un gobierno de IU y otro del PSOE, con compartimentos estancos y distanciados. De este modo, la coalición izquierdista ha anunciado planes y medidas de carácter social, como los relativos al suministro básico garantizado y el alquiler compensatorio en las viviendas sociales propiedad de la Junta, planes y programas que no han sido aún aprobados por el Consejo de Gobierno. El PSOE, que es el socio mayoritario del Ejecutivo, ve con sorpresa y malestar cómo su aliado le madruga unilateralmente las iniciativas aparentemente más progresistas y se ve obligado a puntualizar que tales iniciativas todavía no han sido estudiadas ni evaluadas. Pero el impacto social ya lo ha logrado Izquierda Unida. Por último, en una actitud que roza la deslealtad, IU, estando en el Gobierno, ha impulsado una plataforma social que recogerá firmas para presionar a ese mismo Gobierno a implantar la tasa a las grandes superficies que la presidenta Díaz rechazó expresamente. La división se agrava.