LA imputación del actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, por su supuesta implicación en la trama de los ERE supone un avance cualitativo en el cerco que tienden, con la serena picardía de jugadores de ajedrez, el PP y la magistrada Mercedes Alaya sobre el Gobierno andaluz. No me extrañaría que, movimiento a movimiento (aún quedan dos meses de partido), las fichas de la juez terminaran por poner en jaque al propio Griñán, que es el objetivo político de la partida. De hecho, el vicepresidente de los populares, Ricardo Tarno, ya ha vaticinado que queda "muy poco" para que les toque el turno a los consejeros. Es extraordinario que en un Estado de derecho los partidos adelanten los movimientos de los jueces y más aún que la sociedad asuma tal vaticinio con naturalidad e incluso con satisfacción. Días antes de que reventara el escándalo del chófer cocainómano Arenas lo adelantó: "Lo peor está por llegar". ¡Pitoniso!

La imputación de Rivera equivale, en efecto, a abrir una brecha en la hasta ahora sólida línea de enroque del presidente andaluz y supone una modificación sustancial de lo que podríamos denominar el tiempo del delito. La estafa de los ERE pertenecía hasta ahora a las cloacas de un pasado más o menos remoto, pero después de la imputación de Rivero el tiempo de la fechoría abarca también el presente. A Rivera se le acusa de autorizar en octubre de 2010 una ayuda excepcional a favor de los prejubilados de un ERE promovido y amañado para la empresa Surcolor en 2006. El consejero de Empleo sostiene que el fraude se descubrió cuatro meses después de que Rivera plasmara su firma. También se le imputa a Rivera por otra ayuda a la firma Acyco por una cantidad, 109.620 euros, que sospechosamente coincide con la cuantía de los cobros percibidos por un gabinete externo. En este caso, Recio asegura que la subvención fue aprobada antes de la llegada de Rivera.

Es posible que Recio tanga razón. O que no la tenga. Da igual. En el actual momento político (que no procesal, aunque sean tiempos paralelos) basta con que se cierna la sombra de la duda. Lo trascedental, al menos desde el punto de vista político (que es más inmediato que el penal), es el estrechamiento del círculo sobre los responsables actuales de la Junta y la extensión del tiempo delictivo sobre un presente cada vez más cercano. El juzgado de Alaya está haciendo perfectamente dos cosas: la instrucción penal y el estrechamiento del cerco electoral. Esa doble tarea ejecutada al unísono y en perfecta sincronía, una explícita y la otra implícita, mantienen de momento a la juez a salvo de ataques sobre su parcialidad. Eso y la vergonzosa tómbola de dinero en que se convirtió con completa impunidad y durante muchos años la Consejería de Empleo.