La sentencia de los ERE es dura por la severidad de las penas y estigmatizante por la personalidad de los condenados, pero sobre todo es demoledora por el eje argumental que atraviesa sus mil ochocientos folios: el fraude se produjo de manera consciente y planificada, se puso en marcha deliberadamente un mecanismo de reparto de dinero público ajeno a los controles habituales y los altos cargos de la Junta de Andalucía eran "plenamente conscientes de la patente y palmaria ilegalidad" de lo que hacían.

O sea, que era ilegal, y delictivo (prevaricación y malversación, según los casos), agilizar las ayudas a la jubilación de trabajadores de empresas en crisis distribuyéndolas discrecionalmente, prescindiendo de los procedimientos de fiscalización legalmente establecidos, lo era el instrumento de las transferencias de financiación al IFA para rehuir a la Intervención de la Consejería de Empleo y lo eran los gastos ficticios en las cuentas del IFA que se sometían a la aprobación del Parlamento para encubrir esos pagos irregulares a los parados. Durante una década.

O sea -también-, que la sentencia asume como certero y ajustado a los hechos el prejuicio con el que instruyó la causa la juez Mercedes Alaya y que hicieron sólido los fiscales Anticorrupción encargados del caso: el fraude de los ERE no fue cosa de cuatro golfos, sino de la cúpula socialista del Gobierno andaluz. Los golfos -más de cuatro- acudieron sobre la marcha. La puesta en práctica del sistema irregular atrajo, cómo no, a los intrusos, aseguradoras, bufetes de abogados y demás conseguidores. Sus ahora colegas de la Audiencia de Sevilla han confirmado a Alaya como la más eficaz debeladora del socialismo andaluz contemporáneo.

Porque eso es lo que se ha estado juzgando en el último año y se dictaminó el último martes. No la honradez personal de Manuel Chaves ni José Antonio Griñán, de la que no se duda en ninguna parte del sumario ni de la sentencia, sino de su gestión política al frente de la Junta de Andalucía. Tuvieron aciertos y fallos. Lo que la Audiencia dice, y deberá zanjar el Tribunal Supremo (el instructor del TS no halló, en su día, malversación ninguna) es que también echaron una mancha, quizás indeleble. Quisieron asegurar la paz social en una tiempo conflictivo. Era bueno para Andalucía y bueno para seguir en el poder. Pero lo hicieron bordeando aposta la legalidad. Es lo que se ha condenado.