MAÑANA viernes podría aprobar el Gobierno un plan de choque contra la economía sumergida, aunque nada se puede dar por seguro, pues desde hace varios meses se aplaza ese proyecto al que el Gobierno da vueltas sin que hasta ahora lo haya llevado a la mesa del Consejo.

Se ha filtrado parte del borrador, y en él se encuentra material sobrado para la polémica. El Gobierno propone en una primera fase la apertura de un periodo de tres o cuatro meses para que las empresas que contratan a trabajadores de forma fraudulenta regularicen su situación sin penalización alguna y, a continuación, abre un periodo en el que se intensificará la inspección y, ante los casos de economía sumergida, se impondrán multas muy superiores a las conocidas hasta ahora.

Primer punto de discordia: el trato de favor a empresas que han cometido un delito, lo que evidentemente incomoda, o más bien saca de quicio, a los miles de empresarios que a pesar de las dificultades han pagado escrupulosamente sus impuestos y cuotas y que ahora pueden ver cómo se amnistía a los que se han movido en la ilegalidad. La segunda fase, la de las multas, es más de lo mismo, este Gobierno nos tiene ya acostumbrados a esa política de castigos sin fin que además tiene un evidente afán recaudatorio.

Ante la necesidad de poner coto a la economía sumergida, habría que preguntarse también qué es exactamente ese tipo de economía. Evidentemente hay que impedir la explotación laboral sin límite de horarios, sin garantías de seguridad para el trabajador, sin contrato que estipule los términos en los que debe desarrollar su actividad o sin darle de alta en la Seguridad Social. No se puede admitir tampoco que trabajador y empresa lleguen al acuerdo de no dar de alta a quien recibe una prestación social o un subsidio de desempleo, para no perder así subsidio ni prestación. Pero cuando la crisis es tan aguda y angustiosa, cuando hay familias enteras en las que no entra un solo euro, cuando centenares de miles de jóvenes continúan viviendo a costa de los padres, cuando a un padre de familia en paro se le dan no más de 400 euros mensuales de prestación o un paro de similar cifra, se persigue a quien trata de ganarse un sobresueldo que le haga salir de la miseria y del hambre. Gente que hace por las casas ajenas, limpia por horas, arregla jardines, organiza rutas para llevar niños al colegio, da clases particulares o dedica los fines de semana a trabajar de camarero para ganar unos euros o completar un salario insuficiente; familias que regresan temporalmente a casa de los padres y alquilan su vivienda bajo cuerda para poder mantenerse, jóvenes que trabajan los fines de semana en una tienda, que cuidan a una persona mayor o enferma …¿deben ser castigados por alentar la economía sumergida?