LAS novenas elecciones andaluzas se celebrarán el domingo 25 de marzo. Es el día en que, si no me equivoco, los relojes de la Unión Europea se adelantarán una hora. Como si hubiera prisas por que los andaluces votasen de una vez y los colegios se abriesen cuanto antes. Y no es difícil deducir quiénes tienen tanta urgencia.

Será la primera ocasión desde 1990 en que los comicios andaluces se hagan en solitario (en 1994 coincidieron con las europeas). Así lo ha querido expresamente el presidente Griñán, que rechazó adelantarlas al 20-N, junto a las generales, por un doble motivo, que quizás es también ensoñación: que el castigo del electorado a los socialistas quedara circunscrito a Rubalcaba -y al ya sufrido por los alcaldes y presidentes autonómicos en mayo- y no llegara a él y al PSOE andaluz, y que los cuatro meses de distancia entre unos y otros comicios fueran suficientes para desgastar la marca PP a causa de los obligados recortes que haría Rajoy desde el Gobierno. Que ya ha hecho en parte.

Está por ver, lógicamente, el peso de estos dos factores en la decisión de los votantes andaluces. Pero, hablando de pesos, el candidato Griñán arrastra el pesado fardo de una gestión que no se puede considerar brillante en unas circunstancias nada favorables a la continuidad del socialismo en un poder que en el caso de Andalucía dura ya treinta años. A la crisis económica no se le ve final por ninguna parte y aquí es particularmente grave, con más atonía y desempleo que en casi ningún otro sitio. La apuesta modernizadora de la Junta tiene unos plazos larguísimos y su única concreción visible, la reordenación del sector público y de la Administración autonómica, ha sido un desastre.

Pero ninguna sombra en la gobernación socialista en la Junta ha sido tan demoledora como el escándalo del fraude en los expedientes de regulación de empleo y la política de subvenciones. La trama de corrupción la heredó Griñán al hacerse presidente y no ha dejado de salpicarle. Porque es grave en sí misma, no porque una juez instruya el caso con rigor compatible con aviesas intenciones ni porque el PP la instrumente en su favor. Aun en el más benévolo de los casos, hay tres consejeros que han convivido con el escándalo y el Gobierno en su conjunto no lo ha afrontado con celeridad ni contundencia. El último episodio conocido, por ahora -el estupefaciente asunto de la pillería del chófer y su pollería- le ha añadido un componente cutre y golfo que tiene mucho impacto en la ciudadanía. Y es una constante que la gente tolera con fatalismo las corruptelas... hasta que la crisis la golpea y deja de ser tolerante para ponerse iracunda, indignada y rencorosa.

Esto del ERE puede ser la puntilla.