Ensuciando la Universidad

Desde el interior de las aulas se observó como tiraban la basura contra las propias ventanas

Esta pasada semana la Universidad de Málaga ha vivido uno de sus episodios más "sucios" de su corta historia: una huelga salvaje del personal de las empresas de limpieza sin el más mínimo escrúpulo. Las condiciones higiénicas en las que viven actualmente sus centros no pueden perdurar mucho tiempo, especialmente en una emergencia de salud generalizada como la actual. Por ello ese abuso de poder debería ser plasmado y evitado en futuros contratos públicos.

No se trata de ir contra el derecho de huelga, pues éste es legítimo, sino contra unos servicios mínimos que no garantizan la salubridad de las instalaciones. Ver a una única persona limpiando durante unas pocas horas un edificio, con capacidad para más de 4.000 usuarios y con más de 40 zonas de aseos, es claramente insuficiente. El resultado es el incremento progresivo de la suciedad y, por tanto, de todos sus riesgos asociados.

Pero el inicio de la huelga no ha podido ser más caótico. Al frente de la algarabía aparecieron unos individuos autoproclamados "piquetes informativos" y que, mediante patadas y lanzamientos de contenedores, dejaron un entorno desolador. Desde el interior de las aulas se observó como tiraban la basura contra las propias ventanas, ante la atónita mirada de profesores y alumnos, mientras paseaban con el pecho henchido y orgullosos de tal hazaña. En estos tiempos donde el cuidado del entorno está marcando tanto nuestras propias acciones, encontrarse con personas dispuestas a degradarlo y destruirlo es, simplemente, sorprendente. Y las imágenes que recibieron nuestros jóvenes de este comportamiento exacerbadamente violento pasaron de la compasión al ridículo.

Es lógico que ahora las autoridades académicas tomen cartas en el asunto. La invasión de personal ajeno a la UMA en sus edificios, y los problemas ocasionados, deben ser evitados en el futuro. Por ello, todas aquellas instalaciones como salas de reuniones, despachos o aparcamientos privados, que hoy disfrutan y que no son obligatorias por ley, deben ser reconsideradas y, evidentemente, ubicadas en sus empresas y no en la Universidad. Esperemos que la situación llegue a su fin y que se depongan unas ambiciones excesivas. El hecho de que en Limasa se transforme a los trabajadores en personal del Ayuntamiento, sin concurso ni examen alguno, no significa que todas las administraciones tengan que sufrir semejante chantaje periódico.

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