En el año 2007 el gobierno de Zapatero, ante el alarmante incremento de muertes y lesiones por accidentes de tráfico, decidió endurecer la normativa rebajando el límite de alcohol permitido. El expresidente Aznar, al recibir una medalla que le concedió la Academia del Vino de Castilla León, señaló ¿quién es la DGT para decir cuánto puedo beber? Más que una pregunta era una declaración de libertad negativa. La respuesta al expresidente es bien sencilla: la DGT es el organismo estatal que tiene, entre otras, la obligación de proteger la integridad de aquellos con los que te cruces en la carretera. Obviamente, Aznar no defendía su derecho a conducir borracho, sino que sólo él, y no ninguna autoridad, podía decidir las condiciones en las que se podía poner al volante. Una visión ideológica que sería muy respetable de no ser porque, entonces, nuestro país encabezaba las estadísticas europeas de muertes al volante bajo los efectos del alcohol. Cuando se aprobó la legislación contra el tabaco, también alzaron la voz los defensores de esa misma idea de libertad negativa, aferrándose al derecho a fumar cada uno donde quisiera, despreciando la libertad de quienes ni querían ni tenían por qué soportar el dañino y molesto humo de sus cigarros. Los que defendieron entonces aquellos planteamientos, que hoy nos parecerían extemporáneos, vuelvan a formular su defensa de la libertad como un absoluto. Cuando oigo invocarla una y otra vez a los prebostes de la derecha, no puedo evitar recordar a esos jóvenes y adolescentes independentistas que, en las algaradas estudiantiles, reclaman a gritos una libertad de la que se les ve disfrutar a lo grande y a sus anchas.

Como en los casos citados, pero en una situación de absoluta excepcionalidad, el gobierno tiene ahora la obligación, por imperativo legal y moral, de proteger a la población de la propagación del virus de la Covid, aún con medidas que limitan derechos básicos. Medidas universalmente aceptadas y que han sido igualmente adoptadas por las autoridades de todos los países, con las escasas excepciones de los gobernados por negacionistas populistas. Parece que sean precisamente estos últimos, los verdaderos referentes políticos de quienes, entre nosotros, rechazan de forma ventajista toda medida gubernamental o, en fragante contradicción, critican airadamente que se deroguen; como sucede con la muy discutible decisión de no renovar el Estado de Alarma.