LA situación que atraviesa la cúpula dirigente de la Unión General de Trabajadores de Andalucía sólo medio año después de su elección en congreso es insostenible. Las constantes y documentadas denuncias sobre el uso fraudulento de fondos procedentes de la Junta de Andalucía, el falseamiento de facturas y el aprovechamiento del dinero público para mejorar no las condiciones de vida de los trabajadores, sino el estatus social y económico de los líderes sindicales, han colocado a la veterana central en el ojo del huracán. El escándalo no deja de agravarse, tomando ya una vertiente judicial, todavía incipiente, y otra netamente política, al obligar al Gobierno andaluz a exigir cuentas al sindicato acerca de la utilización irregular del dinero de los andaluces. Con respecto a la opinión pública, se está produciendo un enorme malestar ciudadano que termina por afectar al prestigio y al crédito de UGT como organización, legitimada constitucionalmente, al servicio de los trabajadores. Mientras el líder nacional, Cándido Méndez, se muestra partidario de que sus colegas andaluces asuman sus responsabilidades por el caso y las bases ugetistas empiezan a movilizarse en contra de la actual ejecutiva, el secretario regional, Francisco Fernández Sevilla, que ya era número dos en la central cuando la dirigía Manuel Pastrana, continúa en una actitud indefectible y dañina para el interés del sindicato, achacando las denuncias a una campaña de demonización del sindicalismo y reduciendo el caso a algunos errores de contabilidad que pueden subsanarse. Pero el escándalo crece y se agudiza prácticamente cada día y la presión dentro y fuera del sindicato ha acabado por obligar a Fernández Sevilla a convocar un comité extraordinario de UGT-Andalucía para el próximo 9 de enero para, según su comunicado, "debatir y analizar la situación en la que se encuentra la organización, con objeto de adoptar las decisiones y actuaciones adecuadas en función del debate y de los acuerdos alcanzados". Incomprensiblemente, la cúpula de UGT deja pasar el paréntesis navideño antes de afrontar la más grave crisis que se le recuerda. En fin, será el 9 de enero cuando el máximo órgano de dirección y representación de la central socialista se vea obligado a tomar una resolución drástica acerca de esta crisis. Por mucho que pretendan algunos ganar tiempo y aguardar al enfriamiento del escándalo, es tan grave lo que está en juego -la credibilidad y el prestigio de la Unión General de Trabajadores- que sólo un congreso extraordinario y urgente parece el cauce inevitable para encontrar una salida, que no puede ser sino de catarsis y limpieza. Tanto de unas prácticas deshonrosas como de las personas que las encarnan.