Es comprensible que la decisión del Tribunal alemán de no mantener la acusación a Puigdemont por rebelión, tal como había solicitado la justicia española, haya causado contrariedad y malestar. Esta resolución complica mucho el procedimiento previsto para juzgar al expresidente de la Generalitat y deja en situación de desventaja al resto de acusados por las mismas o parecidas acciones, que ahora están sufriendo privación de libertad. Pero una cosa es lamentar esta incómoda situación y otra distinta es sobreactuar ante la decisión judicial y, prácticamente, iniciar una batalla antieuropea, rememorando aires aislacionistas de viejos tiempos. Algunos acalorados dirigentes de la derecha política, que siguen manteniendo el conflicto catalán como el mejor campo de sus disputas electorales, han solicitado al Gobierno actitudes drásticas poniendo en cuestión la euroorden e, incluso, la permanencia de España en el territorio Schengen.

Sería bueno que antes de lanzarse a esta exagerada campaña se pensara no solo en las consecuencias, que serían nefastas para España, sino también en su origen. Para empezar, sería bueno distinguir la actuación de un tribunal de la actitud política de la Unión y sus estados miembros. Afortunadamente, salvo exóticas adhesiones, la Europa política rechazó de plano las pretensiones independentistas de la mayoría parlamentaria catalana, algo que sigue manteniendo. Por otra parte, el debate sobre la extradición de Puigdemont es exclusivamente jurídico, sustanciado por tribunales independientes y en los que la intervención política debería descartarse. Pero puestos a analizar la decisión del tribunal alemán, en vez de envolverlo en una conspiración europea antiespañola, mejor sería abordarlo desde la pura perspectiva jurídica; en ese punto se podría decir que existía un fundado temor a que la resolución fuera parcialmente exculpatoria. Parece evidente que la discusión sobre si existió violencia proporcional al fin pretendido en las actuaciones de la Generalitat no es un invento del tribunal alemán, sino que ya se planteó con reiteración en ambientes jurídicos españoles e incluso hubo cien profesores de derecho penal que públicamente la pusieron en duda. Así pues, pasado el primer acaloramiento por la contrariedad sería deseable que se mantuviera el debate en su estricto sentido sin sacar conclusiones precipitadas ni buscar confrontación política donde solo hay discrepancias jurídicas. Pero a lo mejor esto es mucho pedir.

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