Al parecer, la creación de un nuevo impuesto para las eléctricas y la banca que anunció Pedro Sánchez en el último debate del Estado de la Nación ha pillado con el pie cambiado a la mayoría de las fuerzas políticas. Los socios del Gobierno, que acogieron con satisfacción la medida, no han podido disimular los celos que le produce que el presidente los sorprenda pisando lo que piensan que es su exclusiva parcela política; por tanto, su inmediata reacción fue reivindicar la paternidad de la propuesta.

El PP y sus acólitos de la derecha han tenido que improvisar un argumentario que le permitiera oponerse a la medida, pero sin que trasluciera un descarado apoyo a las grandes empresas, algo que siempre, incluso entre su electorado, tiene mala prensa. Lo primero que se le ha ocurrido es tachar la decisión de populista y podemita, como si la utilización de esos calificativos por sí solos y sin necesidad de mayor argumentación pudieran desacreditar cualquier propuesta. El problema está en que medidas similares se están aplicando en países como Italia o Reino Unido, donde no parece que exista esa infección izquierdista. La otra crítica es que al final esos impuestos repercutirán en los precios y serán íntegramente pagados por los consumidores. Este fatalismo fiscal nos llevaría a creer que la mejor medida social para ayudar a los ciudadanos, como en el más puro liberalismo decimonónico, será la desaparición de cualquier impuesto que grave el beneficio empresarial. De la mano de este particular derrotismo político solo podríamos predicar la resignación ante la injusticia de los abusivos beneficios que bancos y eléctricas están cosechando en las actuales circunstancias y admitir que las obligaciones sociales del estado para remediar los efectos de esta crisis siempre recaerá en las clases medias y trabajadoras. Lo que ocurre es que este axioma tan precipitadamente esgrimido por los líderes de la derecha casa mal con la reacción de los afectados por la futura medida que, viendo la caída de las bolsas, sí consideran que afectará a su cuenta de resultados. Sin duda, la derecha tendrá que mejorar su argumentario si pretende mantener su criterio contrario a estas medidas sin que solo parezcan una oposición irracional o una defensa a ultranza de los intereses de las corporaciones afectadas. No es de extrañar que ante la ausencia de razones sólidas para oponerse prefieran recurrir de nuevo al discurso sobre ETA que, este sí, es para ellos un refugio permanente.