Entre los muchos decretos leyes aprobados por el Gobierno, que no necesitan de momento la aprobación del Congreso, se encuentra uno que establece llevar la cuenta de la jornada laboral de empleados y trabajadores de las empresas. Para ello se impone con carácter obligatorio el registro diario de la jornada, con indicación del horario de inicio y de finalización y se considera como infracción laboral, la transgresión de estas normas. Las excepciones son pocas: solo se contemplan para categorías profesionales peculiares y, entre ellas, las de alta dirección. El presidente del Gobierno pretende situar el Estado del bienestar como eje central de nuestro crecimiento económico y reducir desigualdades sociales. Lo que no se justifica son "las razones de extraordinaria y urgente necesidad" para no esperar a la constitución de las Cortes Generales, sino que se acude a la fórmula del decreto ley, en el que, como es sabido, no existe debate previo a su aprobación.

El Tribunal de Justicia Europeo avala este control y lo ha hecho a petición de la Audiencia Nacional. Pero no todos se han mostrado satisfechos con esta disposición, porque opinan que, con ella se pretende la destrucción encubierta de la pequeña empresa y otros pronostican que es ineficiente, porque el que está trabajando en negro va a seguir trabajando en negro y al que no le pagan las horas extra, seguirá sin cobrarlas. Su aplicación práctica es complicada por la diversidad del tamaño de las empresas y, también, por la índole de los trabajos. Ni siquiera los autónomos con empleados, se libran del control horario.

En realidad, en la Administración pública y en las grandes empresas, dicho control horario está establecido hace muchos años y da la impresión de que el decreto ley se ha dictado con prisas y con fines electorales. Lo que pretende el decreto ley, según su exposición de motivos, es situar al Estado del bienestar como eje central del crecimiento económico.

Parece que a la Feria de Jerez le ha correspondido inaugurar la actuación de los inspectores para controlar la correcta aplicación de la nueva disposición. Según lo oído en la radio, el 14 de mayo fecha de entrada en vigor de la disposición "un ejército de inspectores pide los horarios de trabajo a todos los empleados", se supone que en las casetas, y la Administración anuncia que editará una guía para orientar en el cumplimiento de la Ley. Las dificultades de trasladar a las ferias andaluzas este control del trabajo, porque existe un horario flexible, que poco tiene que ver con el de las jornadas laborales, son evidentes.