La auténtica clave política del caso Gürtel no radica en la existencia de una trama mafiosa que sobornó a cargos públicos y orgánicos del Partido Popular para conseguir favores en contrataciones y operaciones urbanísticas -que parece indudable, por lo que se conoce hasta ahora-, sino en la posibilidad de que la trama tenga un carácter digamos institucional: que haya sido organizada por el propio partido.

Vamos, que Gürtel sea la Filesa del PP, una operación ideada, planificada y ejecutada por este partido para financiarse ilegalmente, al estilo de la que montó el Partido Socialista en sus años de mayoría absoluta, cobrando impuestos a empresas y bancos a cambio de favorecerlos desde las instituciones que controlaba, y que se desmontó gracias a un contable despechado. No es que la primera opción no sea grave, pero ningún partido está libre de que, al conjuro del poder, todo tipo de logreros, arribistas y sabandijas se incrusten en sus aledaños y corrompan a sus elementos más corrompibles.

Pero, ya digo, Mariano Rajoy tiene un gran problema con lo que se sabe de Gürtel, y lo tendría mucho mayor si del resto del sumario y, sobre todo, del juicio posterior se dedujera que estamos ante un caso de financiación irregular del PP. Es decir, si se probase que Luis Bárcenas no trabajaba solamente para Luis Bárcenas, sino que era el nexo de unión entre las empresas de Francisco Correa y los cargos públicos del PP que se dejaban agasajar con regalos y en metálico. En esta hipótesis, una parte del dinero ilícitamente obtenido iría a la caja del partido y otra, de manera inevitable, a los untados, empezando por Bárcenas.

No hay indicios suficientes de que tal hipótesis responda a la realidad. Al Partido Popular no le han pillado organizando una empresa-tapadera para financiarse de manera sistemática. Salvo una excepción territorial, Valencia, donde la documentación aportada al sumario refleja que la empresa Orange Market, dirigida por el singular Bigotes, cobró en dinero opaco al fisco 6,3 millones de euros por organizar actos del PP valenciano... millones procedentes de cinco empresas que a su vez eran adjudicatarias de contratos de las administraciones valencianas en manos populares. En la tierra de Camps sí huele a financiación irregular. En el territorio de Rajoy, no.

No por ello es más fácil la papeleta que éste tiene ante sí. No es responsable de ninguna red de financiación ilegal montada durante su mandato -o heredada sin inmutarse-, pero lo es de su incomprensible defensa de Luis Bárcenas, el protector de la trama de Correa, su intermediario predilecto ante alcaldes, concejales, diputados y consejeros con acceso a presupuestos públicos, el hombre que ha multiplicado su patrimonio en el tiempo del que hablamos.

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