POCAS cosas tienen más peligro para los que gobiernan que un alto cargo que deja de serlo y que es emplazado a declarar, como imputado o como testigo, en una causa por corrupción. Que la oposición denuncie irregularidades tiene una importancia relativa: ejerce su papel. Pero que las denuncie un ex director general, que sabe bien de lo que habla, puede ser explosivo. Dinamita pura.

Es lo que está pasando con Javier Guerrero, que fue director general de Trabajo y Seguridad Social entre 1999 y 2008, con tres consejeros distintos. Interrogado por la Policía Judicial en relación con los expedientes de regulación de empleo (ERE) de la empresa pública Mercasevilla, Guerrero ha admitido que las ayudas para estas regulaciones no eran tramitadas como subvenciones regladas, a aprobar por el consejero de Empleo o por el consejo de gobierno en cada caso, en función de su cuantía, sino a través de un "fondo de reptiles" destinado a empresas en crisis.

Es de destacar que el alto cargo no habla del ERE de Mercasevilla en concreto, sino de otros muchos ERE tramitados durante años, con un importe global de más de 600 millones de euros, y que la expresión "fondo de reptiles" que él utiliza tiene en la historia contemporánea un significado preciso: dinero público incontrolado que es repartido por el poder para comprar voluntades. Éstas ya son palabras mayores. Las mismas que han generado un extraordinario nerviosismo en la Junta de Andalucía, a pesar del contundente mentís del actual consejero de Empleo, y han llevado a la jueza del caso, Mercedes Alaya, a abrir dos nuevas línea de investigación.

El objetivo de la jueza es investigar si en torno a los expedientes de regulación de empleo, tan abundantes en los últimos años, se ha organizado una auténtica trama corrupta de ámbito regional. Una red de negociadores, intermediarios, conseguidores y hasta comerciales de seguros para sacar tajada del suculento reparto de fondos que conllevan las subvenciones autonómicas a los despidos, prejubilaciones y suspensiones pactadas. A efectos de la trascendencia política del caso importa comprobar si esta legión de logreros (por ejemplo, han metido en los ERE a personas que jamás han trabajado en las empresas reguladas) han contado con la complicidad activa de cargos dentro de la Administración que han facilitado su actividad ilícita. El mentado Javier Guerrero se ha quejado de que en la Junta dicen que es un golfo cuando él nunca "ha metido la cuchara" (es su expresión). Tal vez por eso trata de defenderse hablando del fondo de reptiles, es decir, algo institucionalizado, no producto de una acción individual.

De aquí puede salir un escándalo de consecuencias imprevisibles.