Según un informe de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), el dinero negro que se mueve en nuestra provincia equivale a un tercio de nuestro producto bruto. ¿Por qué será que no nos sorprende? esas mismas enormes cifras de fraude las llevo oyendo desde hace décadas. Si en nuestra provincia es un tercio, en España está en torno al 25% del PIB. Siempre me he preguntado cómo se mide ese fraude oculto. Supongo que se trata de aproximaciones a un fenómeno que, en alguna medida, todos percibimos. En esas consulta privada en las que no admiten tarjetas y que en lugar de factura sólo te dan un recibo. En el taller o el profesional que va a tu domicilio a reparar algo y que te dará la posibilidad de pagar con o sin IVA. Toda una elección moral que pone a prueba nuestra libertad de elegir entre el bien o el mal. Según Kant nuestra naturaleza se inclina por el bien, algo que parece desmentido por el mencionado informe. Otra parte del fraude lo viven es sus carnes los que sufren los contratos en negro, probablemente porque no tengan otra opción y sus contratadores, además de defraudadores, carezcan de escrúpulos. Así pues, una buena parte de esa economía sumergida está en escenas de nuestra vida cotidiana; por mucho que nos indignemos cuando las vemos en las noticias en forma de estadística. Después, por supuesto, están los grandes defraudadores, aunque muchos no necesiten serlo porque la ingeniería fiscal les permite cosas que no están al alcance de los contribuyentes con nómina. Convendría saber, si es que no se sabe, qué porcentaje de ese fraude es atribuible a los casos de menor cuantía y cuánto a los millonarios. Lo cierto es que la suma de operaciones en negro de unos y otros es, siempre según el citado informe, una de las causas de que el gasto social en nuestro país sea 45.000 millones de euros inferior a la media ponderada europea. Aunque sea una conclusión discutible, razón no les falta. Supongo que la cosa no debe ser nada fácil cuando con distintos gobiernos, e innumerables leyes fiscales, la cantidad de economía sumergida apenas si ha variado. Algo difícil de entender si sólo fuese un problema del número de inspectores fiscales o de estrategias de la propia Agencia Tributaria. Me temo que sea algo más complicado, pero de cualquier forma cuesta trabajo aceptar que terminar con esa enorme bolsa de fraude no sea, de facto, una de nuestras grandes prioridades políticas.