LA vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, dejó ayer claro que el ministro de Economía, Luis de Guindos, no acudirá al Pleno del Congreso de los Diputados para dar explicaciones por el escandaloso nombramiento (finalmente malogrado) del ex ministro de Industria José Manuel Soria como representante de España ante el Banco Mundial, una de las instituciones económicas más importantes del mundo. Por segunda vez desde que el pasado mes de diciembre se inaugurase la situación de provisionalidad política en la que nos encontramos, se produce un serio enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo debido a la negativa del primero a ser controlado por el segundo mientras está en funciones. Actualmente, dicho conflicto se encuentra en el Tribunal Constitucional, por lo que habrá que esperar a que éste dicte sentencia para saber cuál de los dos poderes lleva la razón. En este sentido, lo único que se puede hacer es pedirle al Alto Tribunal la mayor diligencia posible para aclarar cuanto antes una disputa que daña la imagen de instituciones básicas para el funcionamiento del país. Sin embargo, mientras llega o no la sentencia, sí se puede aplicar el sentido común y la buena voluntad política para arreglar el conflicto. El Ejecutivo puede que tenga razón al afirmar que "un Gobierno en funciones no cuenta con la confianza de la Cámara y, por tanto, no está sujeto a control. Informa, pero no se somete al control", pero lo cierto es que esta idea tiene sentido cuando el periodo de interinidad es corto, el suficiente para que el Gobierno saliente le dé el relevo al nuevo elegido por los ciudadanos tras unos comicios generales. España lleva ya la friolera de casi nueve meses con un Ejecutivo en funciones y entra dentro de la más absoluta lógica democrática que el Parlamento controle sus decisiones. Lo contrario sería absurdo y contrario a la higiene democrática.

Otra cosa es que, como teme el Gobierno, el control parlamentario sea aprovechado por la oposición para ganar puntos en las próximas elecciones autonómicas en Galicia y el País Vasco. Sin ninguna duda, esto sucedería así, pero ya se sabe que, guste o no, en una democracia parlamentaria cualquier movimiento siempre se hace con un ojo puesto en las urnas. Eso sí, no estaría de más que nuestros parlamentarios dedicasen todos sus esfuerzos en sacar adelante un nuevo Gobierno y no en fiscalizar al que hace meses tendría que haber pasado a la historia.