Valor añadido

Carmen Calleja

Haciendas locales

LA insuficiencia de medios en los ayuntamientos es una queja antigua. Estos días se ha repetido. La vicepresidenta Salgado ha replicado que, antes de aumentar la financiación de los ayuntamientos, deben aclararse cuáles son sus competencias. Para que los recursos que piden a otros ciudadanos, se dediquen a lo que deben hacer y no a lo que se les ocurra hacer. Porque los ayuntamientos no quieren subir los impuestos a sus vecinos, sino al resto de contribuyentes: piden el dinero que recaudan el Estado y las comunidades autónomas. Francisco Toscano, presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, con su sensatez habitual, ha matizado que, si bien los Municipios necesitan más recursos, deben ser más austeros en el gasto.

Entretanto, hay una solución fácil: que los municipios se ciñan a lo que la ley fija como servicios municipales mínimos. Para los de más de 50.000 habitantes son: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas; parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos; protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público; transporte colectivo urbano de viajeros y protección del medio ambiente.

Son muchos servicios y costosos. Pero, ¿dónde se habla de relaciones internacionales, obras en México, televisión, oficina en Bruselas, etcétera?

Una antigua y democrática tradición del municipalismo defiende que los ayuntamientos puedan atender cualquier necesidad que sus vecinos tengan. Deriva de su carácter de agrupación de personas (los vecinos) y de ente territorial (nada de lo que pase en su territorio le es ajeno). Eso está bien. Pero otra cosa es que se apliquen recursos a finalidades no exigibles antes que a obligaciones mínimas. Máxime si no salen de la tributación local, sino de la solidaridad de otros. Y no basta con tener implantados los servicios: deben optimizarse, prestarlos al menor coste y precio. Después, si queda, pueden acometer empresas más ambiciosas: cualquier cosa que mejore la calidad de vida de sus ciudadanos. Éstas, ya que el juicio legal no avala que sean necesarias, deberán pasar el juicio de la razonabilidad.

¿Dedicaría usted su dinero, o el que le den otros, a comprar artículos de lujo o de dudosa necesidad, antes que a proveer a su familia de alimento, vestimenta, calzado y mantenimiento de su casa?

Algunos ayuntamientos compran el abrigo de visón mientras las aceras tienen baches o el precio del agua es caro.

MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Ir a la sección Opinión »

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios