Hace unos años, en torno al cambio de siglo, asistí con una posición privilegiada al proceso inmatriculador de bienes eclesiásticos cuyo fin era la inscripción de tal o cual propiedad en el registro de la propiedad correspondiente. Mucha culpa tuvo cierta reforma legal en tiempos de Aznar que permitía a la Iglesia inscribir casi sin oposición con la sola certificación del Ordinario del lugar, pero también, o así me lo parecía a mí, cierta propensión a la titularidad real de los bienes que no solo alcanzaba a aquella propiamente, sino también a entidades próximas como las hermandades. No son pocas las que han corrido a inscribir sus capillas "propias" en el Registro, con más o menos fortuna, como si hubiera un riesgo cierto de que alguien con mejor derecho pueda ocuparlas que no sea la propia Iglesia a la que pertenecen.

Dejando sentado el derecho que le corresponde, confieso que nunca entendí muy bien ese interés desmesurado por inscribir todos los bienes, incluso los destinados al culto desde tiempo inmemorial, tanto desde el punto de vista social como jurídico. ¿Es más propiedad de la Iglesia, por poner quizá el ejemplo más paradigmático, la Mezquita de Córdoba, por estar inscrita en el Registro de la Propiedad desde hace unos pocos años? ¿Qué ha ganado para su causa inmatriculándola a su nombre, cuando lleva siglos poseyéndola a título de dueño? En mi opinión, poca cosa. Si acaso, ha incentivado en su contra una movilización popular que antes no existía, ayudando a crear ante una opinión pública ya de por sí cada vez más descreída una apariencia de voracidad capitalista que ni casa con su misión evangélica, ni mucho menos se ajusta a la realidad.

Como no podía ser de otra forma con tantas propiedades para inscribir, en algunos casos se cometieron errores, lo que motivó una comisión paritaria para aclarar los hechos. El lunes pasado, el presidente del Gobierno acudió a visitar al de la Conferencia Episcopal, monseñor Omella, y ambos en buena armonía hicieron público el documento por el que la Iglesia reconoce haber inscrito más de mil inmuebles que no eran realmente suyos a su nombre. Una anécdota, posiblemente, y una rectificación institucional a tiempo, también. Pero qué buena excusa se le ha dado a tanto francotirador suelto contra quien, paradójicamente, sigue siendo la institución que más servicios sociales sostiene con mucha diferencia.