Cuando la Constitución se refiere a las personas que integran órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas predica de ellos dos características: la independencia y la inamovilidad durante su mandato. De igual forma, son inamovibles los integrantes del Consejo General del Poder Judicial. La inamovilidad es una garantía de su independencia. Significa que estas personas pueden actuar con independencia pues no pueden ser cambiadas por quienes los han designado, aunque no gusten sus decisiones. En el Tribunal Supremo americano es conocido el caso del juez Warren y sus sentencias contrarias a las posiciones del presidente que lo propuso, Eisenhower. Sin embargo, esa garantía de independencia derivada de la inamovilidad rige sólo durante el tiempo de mandato. Deja de funcionar cuando se ha cumplido dicho mandato y está pendiente la renovación.

Esa es la dramática situación en la que se encuentra España. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional propuestos por el Congreso y los consejeros del Tribunal de Cuentas han cumplido su mandato. Ya no son, por tanto, inamovibles sino que continúan ejerciendo su cargo porque las Cortes Generales no han alcanzado las mayorías necesarias para la renovación. Además, sabemos que esa situación no es casual sino fruto de una estrategia política del PP para impedir que la renovación de los órganos sea efectuada por las Cortes Generales constituidas tras las elecciones generales de 2019. Como es necesaria una mayoría cualificada de tres quintos de las cámaras y ello requiere el concurso del PP, basta con negarse a ese acuerdo para bloquear la renovación.

El problema fundamental es que ese bloqueo condiciona la independencia de los integrantes de los órganos constitucionales. De la misma forma que durante su mandato la inamovilidad es una garantía de su independencia, cuando termina dicho mandato y se mantienen en el cargo solo porque un partido político bloquea la renovación pasan a depender de la voluntad de ese partido. Parece evidente la merma de legitimidad que ello supone para su actuación y para el propio órgano constitucional.

Por ello, ante la actitud de Casado ("pierdan toda esperanza"), la forma de superar esta crisis constitucional es la renuncia por parte de aquellos cuyo mandato ha terminado de manera que la renovación sea imprescindible para que los órganos constitucionales puedan funcionar.