Independencia judicial

Aunar la legitimidad democrática y la independencia judicial no es una cuestión bien resuelta

Aunar la legitimidad democrática y la independencia del poder judicial no es una cuestión bien resuelta. Si repasamos la fórmulas de elección de las instancias judiciales de otros países de nuestro entorno podremos afirmar que no existe una fórmula satisfactoria para proponer como modelo. De acuerdo con nuestra Constitución, todos los poderes del Estado deben emanar de la soberanía nacional que reside en el pueblo. Visto así, parece razonable que el poder judicial, como el resto de instituciones del Estado, tengan que pasar por el tamiz obligatorio de la representación ciudadana o, dicho de otra manera, que el pueblo de forma más o menos indirecta participe en el nombramiento de la estructura que dirige y organiza ese poder. Los jueces, individualmente considerados, son personas que han tenido la oportunidad y capacidad de aprobar unas difíciles oposiciones, sin que este hecho les aporte ninguna legitimidad de origen que los diferencie del resto de ciudadanos. Por tanto, pensar que ese gremio, representado por asociaciones profesionales de diversas orientaciones políticas, sean los llamados a elegir la máxima representación del Poder Judicial, como pretende algún grupo parlamentario, no deja de ser una sobrevaloración del papel que a este colectivo le corresponde en una sociedad democrática. De aceptar esa propuesta nos expondríamos a una práctica endogámica y corporativista que cedería a esas organizaciones profesionales la capacidad para organizar todo un poder del Estado.

Por tanto, en puro comportamiento democrático, en la designación del poder judicial se hace imprescindible la participación popular a través de sus representantes en el Congreso y en el Senado. Otra cosa es que esta participación requiera de comportamientos y fórmulas bastante más depuradas y respetuosas que las que actualmente se realizan. El rápido y sorprendente acuerdo entre el PP y el PSOE en la renovación de los vocales del Consejo y el clamoroso error de anunciar por anticipado quién va a ser el presidente no ayudan a reforzar la imagen de independencia del nuevo organismo, algo que en estos momentos necesitaba tanto. Hay fórmulas de selección, publicidad y propuestas que sin renunciar a la competencia que tienen las cámaras de designar a los miembros del Consejo sí haría posible una elección más transparente, rigurosa y neutral. Fórmula que con la participación de las asociaciones profesionales de jueces no tiene por qué estar garantizada.

MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Ir a la sección Opinión »

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios