EL Parlamento de Cataluña rechazó ayer una iniciativa del grupo radical SI que pretendía poner en marcha el proceso hacia la proclamación de la independencia de dicha comunidad. El rechazo fue posible por la abstención del grupo mayoritario, Convergència i Unió, que dirige el presidente de la Generalitat, Artur Mas. La incongruencia radica en que el propio Mas, junto a la mayoría de sus consejeros, participó el pasado domingo en una mascarada organizada en Barcelona, como antes en numerosas localidades catalanas, votando a favor de la independencia en una consulta celebrada al margen de la ley. Consulta a la que acudió la quinta parte de los ciudadanos censados en la capital de Cataluña, lo que ya da idea de lo alejados que están los soberanistas de las preocupaciones e intereses del pueblo al que pretenden guiar. Artur Mas se ha escudado en que su programa electoral triunfante no contenía ningún proyecto de independencia, pero al mismo tiempo ha tratado de justificar su voto afirmativo en la consulta por el hecho de que el Rey de España también ejerce su derecho al voto cuando se convoca un referéndum. La comparación es atrevida, además de grave, porque no es lo mismo un referéndum convocado de acuerdo con la legislación vigente y por quien está facultado para hacerlo que un plebiscito montado por grupos radicales, ajeno a la legalidad, sin control jurídico ni efectos prácticos. La gravedad procede del hecho incontrovertible de que Artur Mas es el máximo representante del Estado en Cataluña y, por tanto, la autoridad más obligada a cumplir y hacer cumplir la ley. El presidente de la Generalitat no puede protagonizar un acto ilegal, sencillamente, como se ha encargado de recordarle su compañero de coalición Duran Lleida, con mayor sentido de la responsabilidad y seriedad. Por lo demás, la opinión pública española está lógicamente hastiada de este independentismo dominguero y este amagar y no dar. Flaco favor le ha hecho Mas a la causa de la convivencia armónica de Cataluña con el resto de España.