Si un español blanco agrede verbal o físicamente un inmigrante estalla una alarma -que incluye al actual Gobierno, ciertos partidos, medios y redes- que alerta sobe el crecimiento del racismo y la xenofobia. Recuerden la batalla campal que los inmigrantes y los antisistema armaron en Lavapies tras la muerte de un mantero alentados -mintiendo, porque en realidad le había dado un infarto- por partidos, grupos antisistema y el propio Ayuntamiento de Madrid, que al principio anunció una investigación arrojando una sombra de sospecha sobre la Policía y formuló acusaciones concretas, como hizo el concejal delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño (Ahora Madrid), calificando los hechos de "violencia institucional" y al inmigrante de "víctima del capitalismo". Y hace solo unos días ha saltado la alarma porque una señora -por llamarle algo- ha insultado en el metro de Barcelona a una inmigrante negándose a que sentara a su lado. Repugnante, como siempre lo es el racismo. Pero un caso individual como lo demuestra la reacción contra la racista de todos los ocupantes del vagón. Lo que no quiere decir que no se deba combatir cualquier brote racista que contemplemos.

Si en cambio, como también ha sucedido en Barcelona, un inmigrante ataca con gran violencia a un turista, interesándole la femoral, porque había mediado en un altercado entre el mantero y una señora, se insiste en que se trata de un caso aislado que no se debe generalizar. Y se acusa de alentar el racismo a quienes llaman la atención sobre el drama y el problema de la inmigración desbordada o sobre el daño al comercio que representan los manteros que venden ilegalmente productos falsificados para ganancia, no de ellos, que poco deben coger, sino de las mafias. En las dos situaciones se reacciona de forma opuesta. En un caso se generaliza como un preocupante crecimiento del racismo y en el otro se minimiza como un hecho aislado.

Ambos son casos aislados de momento. Pero pueden dejar de serlo si las autoridades siguen ignorando que se requieren potentes y caras políticas de inserción y regulación de los inmigrantes que garanticen sus derechos y no les obligue a delinquir o ser explotados laboral y sexualmente; y si se sigue tachando de racistas a quienes, como Casado y Rivera, alertan sobre la falta de recursos para afrontar el crecimiento de la inmigración ilegal e integrar dignamente a los inmigrantes.