EL acuerdo firmado en Viena hace una semana por Irán y el P5+1 (los cinco estados miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas más Alemania) sobre la no utilización de la energía nuclear con fines militares reintegra al país iraní en la comunidad internacional, justo en el momento en que es fundamental su participación en la coalición que debe hacer frente al avance del Estado Islámico. El levantamiento del embargo económico que pesaba sobre Irán por el incumplimiento de los compromisos establecidos en el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (en adelante, NPT, siglas en inglés), supondrá un empuje a la economía iraní, hoy en estado comatoso (desde 2012 en recesión). Recordemos que, a pesar de asentarse sobre un inmenso lago de recursos petrolíferos, Irán, teniendo casi dos veces más de población que España, tiene un PIB per cápita cinco veces inferior al nuestro.

Para entender la magnitud y complejidad de un acuerdo que compromete a Irán a no emplear con fines militares en los próximos diez años el uranio enriquecido, hay que hacer un poco de historia. El mencionado NPT se abrió a la firma en julio de 1968, y obliga a los gobiernos firmantes a no producir armas atómicas, debiendo utilizar la energía nuclear con fines pacíficos. La mayoría de los estados miembros de la ONU se han adherido al NPT, y sólo a cinco de ellos (Reino Unido, Francia, Rusia, China y EE.UU.) se les permite poseer armas nucleares por el hecho de que ya las tenían antes de la firma del Tratado. Son los llamados NWS (estados nuclearmente armados), que forman parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y que se comprometen a reducir sus arsenales nucleares y a no utilizarlos contra los estados que no los tienen.

Hay tres estados (India, Pakistán e Israel) que no han firmado el NPT, alegando que no aceptan la existencia de una élite de países con armas nucleares. Otro estado (Corea del Norte) se retiró del NPT en 2003 alegando la percepción de una amenaza externa (la de su vecino del Sur) contra su seguridad nacional. Todos los estados firmantes del NPT están obligados a aceptar inspecciones periódicas por parte de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (dependiente de Naciones Unidas), cuya finalidad es comprobar que no se está haciendo uso militar de la energía nuclear. Y en este punto es donde se sitúa el problema con Irán, que firmó el NPT, pero que desde 2004 está bajo sospecha, habiendo sido investigado por la citada Agencia y acusado de utilizar uranio enriquecido con fines militares.

Las tensiones con Irán, que se arrastran desde el asalto de la Embajada norteamericana en 1979, se agravaron por las dificultades que el Gobierno iraní ponía a los inspectores de la Agencia para realizar su trabajo de supervisión. Debido a ello, Naciones Unidas acordó aplicar sanciones económicas a Irán, tal como está contemplado en el NPT para los países que lo incumplen o dificultan las actividades de inspección. Las sanciones han tenido unos efectos devastadores en la economía iraní, lo que explica la alegría popular en las calles de Teherán al conocerse la noticia del acuerdo.

El acuerdo de Viena es el resultado de un largo proceso de negociaciones, que ha durado varios años y en el que la UE ha tenido un importante protagonismo, acercando las posiciones entre EE.UU. e Irán, y facilitando el diálogo con las autoridades iraníes. El trabajo iniciado por Javier Solana, como Alto Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), fue continuado de manera discreta por su sucesora Catherine Ashton y corroborado ahora con el éxito por Federica Mogherini, sentada como firmante del acuerdo entre los representantes de los EE.UU. (John Kerry) y de Irán (Javad Zarif).

A ello han contribuido dos factores. De un lado, la actitud constructiva del actual presidente iraní (Rouhani), que había participado en la primera fase de las negociaciones antes de ocupar el máximo cargo ejecutivo en Irán. De otro lado, la voluntad política del presidente Obama, decidido a dejar huella en su segundo mandato presidencial con un acuerdo de gran importancia como éste, sólo equiparable al del restablecimiento de relaciones con Cuba, también en estos mismos días.

Sin entrar en el análisis de las cláusulas del acuerdo (que debe ser corroborado por el Congreso norteamericano), ni menospreciar las reacciones contrarias que ha recibido de gobiernos como el israelí de Netanyahu, su importancia es innegable. La reintegración de Irán a la comunidad internacional trasciende el ámbito de lo acordado, debido a la posición geoestratégica de este país en una zona de alta inestabilidad donde el Estado Islámico campa por sus respetos. Que un país como Irán, políticamente estable, contribuya, desde su singular sistema político, a que se respete el derecho internacional, es una buena noticia. Su implicación en la lucha contra la barbarie que representa el Estado Islámico es necesaria, y por eso el esfuerzo por integrar a Irán en la comunidad internacional ha merecido la pena.