Res Pública

José Antonio Montilla

montilla@ugr.es

Irresponsabilidad del Rey

La irresponsabilidad regia debe quedar restringida al ejercicio de sus funciones públicas

óscar Alzaga ha presentado su libro de memorias La conquista de la transición. En él reivindica la importancia de la universidad en la oposición al franquismo desde 1960 a la muerte del dictador, y especialmente, de los grupos democristianos, en los que participaba. Es interesante el relato que hace de las dudas de la oposición democristiana respecto a la restauración de la monarquía después de Franco o su opción por la república. Finalmente, se decantaron por la monarquía con el argumento "accidentalista". En el contexto histórico de la transición no convenía reabrir el debate siempre que la monarquía fuera plenamente democrática, equiparable a la de muchos países europeos.

A veces, cuando se trae al debate público la cuestión de la forma de Estado se hace en los términos de la II República. Entonces, la república se identificaba con la democracia frente a una monarquía que había facilitado la dictadura de Primo de Rivera. En la actualidad, debe plantearse en otros términos. La monarquía parlamentaria es compatible con una democracia plena como muestran desde hace muchos años los Países Bajos, Suecia o Dinamarca, aunque mantenga el déficit democrático de origen. Se trata de garantizar que ese jefe de Estado sin legitimidad democrática carezca de poderes políticos efectivos, sino simbólicos o representativos.

Ahora bien, para adecuar monarquía y democracia su regulación ha de soslayar los elementos incompatibles con el funcionamiento democrático de una sociedad. En el caso de España, encontramos en la Constitución un título de la Corona con reminiscencias del pasado. En concreto, hay dos contenidos a superar. Uno es la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión, groseramente contrario al principio de igualdad; el otro, la irresponsabilidad del Rey por sus actos, no sólo cuando ejerce funciones públicas sino también en su actividad privada.

Esta es la cuestión más urgente a día de hoy. Resulta difícil que la opinión pública acepte la existencia de un jefe de Estado que no pueda ser perseguido judicialmente si comete un delito en su actividad privada. Por ello, quienes defienden la pervivencia de la monarquía deberían ser los más interesados en que la irresponsabilidad regia quede restringida al ejercicio de sus funciones públicas. Para ello, acaso no sea necesaria la reforma de la Constitución; podría bastar con una norma procesal y que el Tribunal Constitucional acepte una interpretación adaptada a los tiempos actuales del artículo 56.3, como hizo en relación al matrimonio entre personas del mismo sexo.

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