LA clase política en general se está aprovechando de la falta de conocimiento que una parte sustancial de nuestra ciudadanía tiene sobre el funcionamiento de la Justicia. Decía ayer un secretario judicial que si un paciente muere en lista de espera antes de una operación que le podría haber salvado la vida, nadie en su sano juicio le echaría la culpa al cirujano. Y eso es lo que sienten que les está pasando tanto a ellos como con los jueces. El trabajo los tiene desbordados y si, como consecuencia de ello, ocurren hechos como el de Mari luz, nadie mira hacia la Administración, se culpa sólo al juez al que se hace responsable de que un indeseable no esté en prisión y a una secretaria judicial por no agilizar la ejecución de la sentencia.

Una lectura demasiado simple. Los ciudadanos de a pie no tienen por qué saber que en los juzgados penales de Málaga están pendientes de tramitar unas catorce mil sentencias, y que los secretarios judiciales se ven obligados a establecer prioridades primero para las causas con preso, es decir, aquellas por las que incluso antes de juicio ya hay alguien en prisión preventiva, luego los asuntos de violencia de género y después el resto de las sentencias sin ejecutar. En estos últimos casos, primero deben empezar a tramitar las condenas por más años de prisión. Nada advierte sobre la necesidad de agilizar primero un asunto de menor relieve pero en el que la persona condenada tiene antecedentes de peligrosidad social. Los juzgados por no tener no tienen ni siquiera un sistema informático que les permita intercambiar información entre sí.

Ayer, los secretarios judiciales no quisieron sólo protestar por las consecuencias que el caso Mari Luz ha tenido, sino explicarle a la ciudadanía que algo similar le podría ocurrir a cualquiera, a pesar de las muchas horas extras que le echan a su trabajo. También los jueces quisieron llamar la atención en el mismo sentido, ¿cómo un juez que dicta 800 sentencias al año puede estar pendiente de los trámites posteriores que son necesarios para que cada una de ellas se ejecute?

Los jueces sienten sana envidia por el funcionamiento del sistema tributario. Herramientas para que en la medida de lo posible nada se escape a su control. Sin embargo, en la administración de Justicia, los medios son tan primitivos que asustan.

Después del caso Mari Luz, la única medida anunciada es la elaboración de un registro de penados que llegue a todos los juzgados y alerte de la peligrosidad de determinados delincuentes. Una medida que los jueces han acogido bien, pero que saben insuficiente. Los juzgados necesitan medios y personal y eso requiere un esfuerzo monumental en el gasto que se destina a la Justicia. Ayer los políticos del PP culpaban a los actuales gestores socialistas de la situación de la Justicia, como si este asunto fuera un problema reciente. En los juzgados es unánime la convicción de que ningún gobierno se ha tomado en serio hasta ahora dotar de suficientes medios a la Justicia.