Punto de vista

José Ramón del Río

jdel35@hotmail.com

Juicio a la Justicia

No les falta razón a los que han escrito que los independentistas han llegado a más de lo que llegó Tejero en el 23-F

Torra, el presidente de la Generalitat, cuando compañeros de propósitos están siendo acusados con penas de muchos años de cárcel, está crecido e impertinente en sus demandas. Antes de ir a Madrid para asistir a las sesiones del Tribunal Supremo, pidió al Gobierno de España que se le garantizará su seguridad, como según él, la garantizó cuando el Consejo de Ministros se celebró en Barcelona. Pretende colocarse al mismo nivel que el presidente del Gobierno, no siendo más que presidente de una de las 17 CCAA. Pese a su elevado cargo, encabezó la protesta de los independentistas ante el Supremo por la celebración del juicio. En ella se ondearon con profusión banderas tricolores republicanas y prometió "internacionalizar" el juicio que se celebra estos días. Además, en la manifestación del paseo de Recoletos menospreció al Alto Tribunal, calificando el juicio como una farsa. Sin embargo, el presidente del TS ignoró sus insultos y lo recibió como autoridad, en la puerta principal. En ningún momento se recató de proclamar que su meta es la república catalana y el regreso de Puigdemont. En Cataluña dejó a los CDR para que cortaran carreteras, autopistas y el centro de Barcelona, como protesta por el juicio.

No les falta razón a los que han escrito que estos señores han llegado a más de lo que llegó Tejero en el 23-F, porque lo que ahora se quiere vulnerar es el orden constitucional. No me canso de preguntar, porque no me dan respuesta, por qué dicen legitimar sus actuaciones en el derecho a la autodeterminación, que no está reconocido internacionalmente más que para situaciones de colonialismo y discriminación racial, circunstancias que no se dan en Cataluña, que es próspera y culta y forma parte de un Estado democrático. Claro es, que en su opinión, la voluntad de la gente está por encima de la Ley. Quizás por ello, cuando en noviembre de 2015 se aprobó una resolución del Parlamento catalán para iniciar el proceso de creación de un Estado propio, con forma de república, iniciaron la desconexión democrática "no supeditada a decisiones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional", celebraron un referéndum ilegal y declararon unilateralmente la independencia, aunque suspendieron su acuerdo. Oír el martes a defensores de los inculpados hablar de un "proceso político", de "una causa general" y de unos magistrados (los del TS) "contaminados" para descalificar a la Justicia española, que es para mí y para muchos colegas, de lo mejor que hay en España, sin esperar siquiera a la sentencia, me produjo un profundo rechazo.

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