el prisma

sebastián Sánchez

¿Que la Junta debe qué?

El acoso de los alcaldes del PP a la presidenta andaluza y la justificación por parte de sus principales dirigentes han ocultado la legítima reclamación de recibir lo que se debe a los pequeños municipios

UN dirigente que parece levantarse cada día con la sana intención de predicar las bondades de la política y sustanciar con su verbo la necesidad de reconciliar a esta clase tan particular, que no se sabe bien si es profesional o vocacional, con el ciudadano de a pie hace flaco favor a su causa tratando de maquillar lo que es injustificable. Elías Bendodo ha desperdiciado la ocasión de condenar desde el minuto uno el episodio de acoso que protagonizaron sus alcaldes y dos de sus vicepresidentes en la Diputación provincial contra la presidenta de la Junta de Andalucía.

Podría haber tomado las riendas de la cuestión incluso dulcificando el sentido de su crítica, tratando de poner agua al vino y rebajando la censura a los suyos. Pero no lo hizo. Lejos de mostrarse afectado por el comportamiento de estos regidores, lo respaldó con contundencia el mismo día de los sucesos.

Lo hizo vía comunicado apenas horas después de los incidentes, porque el señor Bendodo no se encontraba en Málaga, no encabezaba la comitiva de la institución provincial de la que es máximo representante en los actos del décimo aniversario del Museo Picasso, referente internacional de la Málaga turística, en la que por cierto, el Patronato de la Costa del Sol que él mismo preside, es parte involucrada. Algo más que cuestionable (a no ser que hubiese razones de fuerza mayor), dadas las obligaciones de su cargo. ¿Se imaginan a Francisco de la Torre ausentándose de este evento por encontrarse de viaje?

Ya en casa, Bendodo continuó su defensa el mismo lunes, cuando ante los micrófonos insistió en lo que ya era un argumentario cerrado para todos los dirigentes del PP andaluz que fuesen interpelados por los hechos. Nadie se salió del tiesto, nadie se cuestionó siquiera si lo ocurrido era motivo de censura. Nadie excepto el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que rechazó de plano lo ocurrido, dejando constancia de la lógica opinión de quien ostenta su cargo y en evidencia a aquellos que, más al sur, daban pábulo a la corriente gamberrista.

En su afán por encontrar una salida no se le ocurrió otra cosa a Bendodo que colocar en el mismo plato de la balanza a los cargos institucionales, que representan a una vecindad, a un pueblo o una provincia, con el más común de sus conciudadanos. Vino a decir que todos tienen el mismo derecho a la protesta. A la protesta, sí, al acoso, no. Imagino al señor Bendodo echarse las manos a la cabeza y pronunciar palabras gruesas cuando miembros de los colectivos contra los desahucios decidieron protestar enérgicamente a las puertas de la vivienda del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

Aquello fue tachado por dirigentes del PP de actitudes nazis, sin dar siquiera pie a preguntarse qué llevaba a parte de esos ciudadanos (seguro que otros buscaban armar bulla fácil) a dirigirse a la casa de un ministro, como si no tuviesen cosa mejor que hacer. Quizá en su caso el motivo no era otro que el escrache del que eran víctimas por parte de los bancos, a los que con tanta sutileza se trata en este país.

Quiere Bendodo utilizar el mismo rasero para los que se ven incapaces de pagar una hipoteca, que se sienten ahogados por un sistema alimentado, entre otros, por la clase política a la que quiere defender. Craso error. No son iguales los políticos elegidos como cargos institucionales y aquellos a los que deben representar, que no tienen ni sus obligaciones, ni sus deberes ni sus privilegios. ¿Acaso Francisco Oblaré es igual que cualquiera de sus vecinos cuando se le paga euro a euro con los fondos de la Diputación un máster en alta dirección de empresas? ¿Acaso lo es la presidenta andaluza, que dispone de guardaespaldas para evitar que se le aproximen los indeseados?

Pudiera interpretarse que, al igual que los ciudadanos protestantes, los alcaldes malagueños no tienen otra opción que encerrarse en una sede pública, que salir a la calle para que la Junta les pague esos 16 millones de euros que les adeuda porque es el único modo de mantener a flote sus instituciones. Pudiera pensarse que es así, pero a estas alturas casi da igual. La legítima reclamación puesta sobre la mesa ha sido transformada en plato de segunda o tercera por el mismo partido al que pertenecen, responsable de ir más allá de la línea, de tratar de ganar la batalla mediática rebasando una frontera que el buen político nunca debe atravesar.

La búsqueda de una buena foto, de un titular crítico contra la presidenta andaluza, en el intento de hacer ver que ese nuevo talante del que quiere hacer gala no es tal, se ha convertido en veneno para la causa de estos regidores. Estos alcaldes, que extremaron su protesta a la Administración regional para que pague lo que debe, quizá debieran ir a pedir responsabilidades también a aquellos que gestaron e idearon la fórmula del acoso como una vía para hallar la solución, porque lo que han conseguido es esconder muy en el fondo el sentido mismo de la reclamación. Y sobre todo, porque los fuegos de artificio con los que pretendieron rodear su malestar les han explotado en las manos.

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