VAMOS a darle, ahora, la vuelta a la noticia. Sería, más o menos, así: "Unas 2.000 personas se han concentrado este sábado frente al Supremo para pedir el fin del derecho a la intimidad, sobre todo si lo ordena el juez Garzón. Estas 2.000 personas, bajo el grito "vergüenza y justicia", han defendido las escuchas ilegales de Garzón a los encausados por la trama Gürtel y sus abogados, considerando que el juez, debido a la pureza de sus intenciones, puede prescindir de los límites garantistas de la fase de instrucción, pudiendo vulnerar el derecho de defensa de los procesados cuando lo estime conveniente. Así, una concentración promovida por la Plataforma Solidaridad por Garzón ha reunido a varios políticos y también diversas personalidades de la cultura, leyendo un manifiesto para que "esto no quede aquí" y esas escuchas ilegales puedan extenderse a cualquiera que no condene la inhabilitación del juez, al entenderse que la aceptación de la sentencia del Supremo revela, en sí misma, una actitud antidemocrática, franquista y defensora de los crímenes de la dictadura".

Por si alguien se despista, lo anterior es una vuelta de tuerca, con alguna sátira, sobre la noticia original sin eludir la sentencia del Supremo. Ante los planteamientos maniqueos que mezclan, interesadamente, la prevaricación de un juez, la corrupción ilimitada y el tardofranquismo, como si todo estuviera en la misma coctelera, aclaro que defiendo el derecho de cualquier persona a recuperar el cuerpo de sus familiares represaliados durante la dictadura, que por supuesto condeno el franquismo y cualquiera de sus apologías y que, además, estoy en contra de la corrupción, pero también de la prevaricación. Es más: creo que ciertas defensas de Garzón, aunque puedan estar nutridas de buenas intenciones, no ayudan a las verdaderas víctimas.

Sin duda ha sido un juez de impacto emocional, que dotó al lamento de muchas gentes dolientes de una cobertura judicial, o por lo menos moral, como cuando encausó al dictador Augusto Pinochet. Pero su figura tiene demasiadas aristas, ha sido demasiado compleja en muchas de sus actuaciones -otras escuchas "no ajustadas a Derecho" en el caso Nécora- como para envolverla en un halo de santidad jurídica: recuerdo su paso por el Gobierno socialista de Felipe González, cuando se le veía como posible ministro de Justicia e Interior, y aquella "animadversión personal" por Rafael Vera, destacada por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 6 de enero de 2010 y convertida, después, en el caso GAL.

Pero hablamos de prevaricación, aunque Garzón haya personalizado el dolor de las víctimas: así la conciencia colectiva no se centra en su actuación, sino en la nobleza de estas causas humanitarias. Y para condenar la dictadura o cualquier corrupción, no es preciso inventar, ni defender, un derecho imaginario de Garzón a eliminar del proceso nuestras garantías judiciales.