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José Asenjo / Jasenjo@malagahoy.es

Justos y eficientes

LAS conclusiones del informe PISA sobre nuestro país han revelado algo que nadie ignoraba: los graves problemas de nuestro sistema educativo. Como los resultados de la evaluación los hemos conocido fechas antes al día de la Constitución, que consagra la educación como un derecho de todos los españoles, conviene también recordar el enorme esfuerzo que ha hecho la sociedad española para hacerlo efectivo. En estas tres décadas de democracia, desde los Pactos de la Moncloa, el crecimiento del sistema ha sido espectacular y convendría saber qué papel ocupa nuestro país en el ranking internacional en crecimiento de plazas escolares. Lo digo porque, al comparar sistemas de diferentes países, deberíamos tener en cuenta todos los antecedentes para hacer una valoración lo más objetiva posible.

Hemos desarrollado pues un sistema educativo suficiente desde el punto de vista cuantitativo pero cualitativamente insuficiente. Algo que no afecta sólo a la calidad de nuestros derechos individuales, sino también a la competitividad del país y a nuestras oportunidades para acceder a la sociedad del conocimiento. Los responsables políticos que ayer hablaban de la generación mejor formada de la historia de España justifican hoy los malos resultados apelando a los atrasos históricos. Lo cierto es que, sin caer en alarmismos, los datos son extremadamente preocupantes y constituyen por lo tanto un problema político de primer orden. Aunque cualquiera lo diría, ya que nuestras energías políticas se han consumido en debates sectarios sobre la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía y la enseñanza de la religión; cuestiones que siendo importantes resultan accesorias en relación con el problema que ha puesto de manifiesto el informe de la OCDE. Algo que dice mucho sobre nuestra incapacidad política para afrontar los verdaderos problemas sociales.

Resulta llamativo que sea un organismo internacional de evaluación quien ponga sobre la mesa estos inquietantes datos. Precisamente, una de las propuestas del PSOE en las últimas elecciones generales fue la creación de una agencia de evaluación de las políticas públicas. Dicha propuesta, tras unos dubitativos inicios, parece haber decaído finalmente. Es extraño que en materias como la educación carezcamos de un organismo independiente de intereses políticos, corporativos y sindicales, (¿es posible tal cosa en nuestro país?) que evalúe con objetividad con qué eficacia se gestionan los importantes recursos destinados a la educación. La enseñanza pública, que es el mejor instrumento para corregir las desigualdades, debe ser para un socialdemócrata una prioridad irrenunciable. Por ello, los malos resultados que arroja nuestro sistema educativo público es algo que, más allá de las excusas circunstanciales, debería ser un serio motivo de reflexión entre los socialistas. Lo contrario sería aceptar como un determinismo la imposibilidad de ser justos a la vez que eficientes.

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