El pasado domingo, en una de sus estupendas crónicas de tribunales, Jorge Muñoz nos recordaba que el próximo día 19 se cumplirán diez años de la apertura de las diligencias del caso matriz de los ERES. Una década después, la única sentencia aún está pendiente de la resolución de los recursos de casación presentados al TS por los ex altos cargos condenados. Sólo se han celebrado dos juicios, aún sin sentencia, de las más de otras cien piezas que deberán traducirse en otros cien juicios. Son más de 500 personas investigadas, casi una veintena han muerto en estos dos lustros. La crónica da cuenta del contraste entre la ambición de la causa y los limitados medios para abordarla: "para dar una respuesta razonable a las pretensiones de la sociedad y de los ciudadanos", en palabras del presidente de la sección cuarta de la Audiencia de Sevilla. La maltrecha situación de la justicia o las disfunciones achacables a "nuestra vetusta ley procesal", no son cuestiones sobrevenidas, se sabía de antemano que no se contaba con los medios necesarios para abordar el asunto de los ERES con la espectacularidad judicial con la que se hizo. Una causa y una instrucción fundamentalmente mediática, con más interés político que judicial. Sentar en el banquillo y condenar a todo un gobierno debe ser un extraordinario logro de la justicia, aunque aún no sepamos qué hay de legal y de ilegal en el uso de unos fondos recibidos en su inmensa mayoría por los trabajadores y empresas a los que legalmente correspondía. Como bien sabe el actual gobierno de la Junta que los sigue abonando religiosamente. Tampoco sabemos qué cantidad se malversó, ni qué personas se enriquecieron de forma fraudulenta, ya que ha quedado demostrado, a diferencia de otros casos similares, que los principales condenados ni se lucraron, ni desviaron fondos para financiar el partido. Lo que sabemos, según una sentencia que aún no es firme, es que el gobierno conspiró para delinquir, pero, de ser así, no sabemos para qué lo hizo o qué beneficio obtuvo cada uno de ellos para arriesgar tanto. Cobradas las piezas principales, el interés mediático ha decaído y también, me temo, el entusiasmo judicial; aunque queden en el aire más preguntas que respuestas. La lenta máquina burocrática seguirá su discurrir, a muchos de esos quinientos ciudadanos investigados les quedará, a este paso, décadas por delante para conocer su suerte. Kafka se ha instalado en Sevilla.