Ni Fernando Francés, ni los puertos señalados por Pedro Sánchez para acoger al Open Arms sin consultar antes a la Junta ni la gestión de los acuerdos con Vox de cara a la galería: el Gobierno andaluz de Juanma Moreno Bonilla se ha hecho definitivamente mayor con el caso de la listeriosis, que ha obligado a tomar demasiadas decisiones en muy poco tiempo sin que los portavoces de Salud las tuvieran todas consigo (y encima en agosto, que ya es mala suerte). Es muy difícil valorar la actuación de la Junta cuando todo está aún tan caliente y las noticias que van cayendo no son precisamente las mejores que cabría esperar. Por una parte, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos ha dado todo su respaldo a las acciones emprendidas y niega que se tardara más de lo debido en declarar la alerta, dadas las consecuencias que un estado de alarma puede generar entre la población; por otra, no faltan expertos en seguridad alimentaria que sí que critican la gestión desarrollada y que lamentan que el caso haya servido una vez más para que las administraciones tengan nuevas acusaciones que reprocharse, lo que me temo que tampoco está lejos de la realidad. Insisto, habrá que tomarse tiempo y sobre todo esperar acontecimientos inmediatos para hacer una valoración en su justa medida, pero creo que sí podemos atender a dos cuestiones esenciales: la primera es que, aunque se desconozca aún el origen de la bacteria, la investigación ha resultado eficaz a la hora de localizar el foco del brote, delimitar los posibles mecanismos de contagio y poner a buen recaudo toda la carne susceptible de afección. Es decir, los técnicos están haciendo bien su trabajo y no habría tenido sentido una reclamación de más resultados en menos tiempo. El problema llega cuando toca informar de lo que sucede y, sobre todo, del nivel de autoridad que se desprende de las declaraciones. No se puede hacer una mera llamada a la calma cuando el número de ingresados crece de 53 a 82 en un día y cuando el de afectados se dispara a 186 sólo en Andalucía. Ha faltado información más clara y precisa sobre las personas en riesgo y los procedimientos a seguir, y eso se ha traducido sin remedio en bulos y servicios de urgencias saturados.

Pero donde el ciudadano tiene más posibilidades de perder los estribos es cuando la información que recibe desde fuentes centrales y autonómicas es distinta. No puede ser que la Junta niegue que existan posibilidades de contaminación cruzada de la bacteria y que la ministra de Sanidad diga casi a la vez que sí las hay. El juego de petición de comparecencias al más alto nivel en la administración de signo político adverso debía haber quedado desterrado desde el primer minuto cuando de lo que se trataba era de establecer un plan de emergencia común, una respuesta sensata, única y sin ases en la manga, acordada por todas las instituciones competentes, con tal de que al menos quede en la gente la impresión de que hay un frente común contra una situación que puede causar mucho daño social y económico. Pero no, no ha habido nada de esto. Y es una pena, porque la lealtad en política es una obligación moral. O debería serlo.

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