Hay ocasiones en las que una coalición anti natura con múltiples partidos puede estar, a mi juicio, justificada pese a la complejidad de afrontar un gestión municipal con esa sopa de letras política. Así creo que debió suceder tras la victoria de Martín Serón en los comicios locales en Alhaurín el Grande, por regeneración democrática tras la condena al regidor. Por lo que ahora el único argumento para oponerme a la moción de censura que han presentado todas las fuerzas políticas , con la desautorización del PP a su concejala, es que el acuerdo de ahora debió alcanzarse en 2015.

También me pareció bien la operación para desalojar de la Alcaldía al popular Pedro Fernández Montes. Por cuestión de higiene política. En el Ayuntamiento de Torremolinos era necesario abrir todas las ventanas y airear una institución en el que su máximo representante exhibía con frecuencia comportamientos autoritarios.

Ya lo pensaba antes de la reacción del equipo de gobierno popular a raíz de nuestras informaciones sobre lo que terminamos por denominar el caso de la perrera de los horrores. En un pleno extraordinario el regidor se despachó a gusto contra este periódico. Nos acusó incluso de traspasar los límites de la libertad de expresión. Ahora acaba de dictarse la primera sentencia por la principal ramificación del asunto: un fallo pionero contra el maltrato animal, con unos hechos probados espeluznantes. Todo con el fin de ahorrar dinero en los métodos de eutanasia que aplicaba a perros y gatos y dejar espacio en la protectora, mediante esas prácticas de exterminio, para acoger más animales abandonados que les entregaba y pagaba el propio Ayuntamiento y que desde luego no controlaba lo más mínimo.

Cómo antes señalé, se ha sentenciado el grueso de este asunto, pero quedan otros flecos que también deberían aclararse. No deberían quedar en el olvido algunas practicas de la administración local de entonces. Quizá salgan a la luz durante la comisión de investigación que, ahora sí, para que los grupos de la Corporación que forzaron el relevo de Fernández Montes están dispuestos a relanzar. Este periódico también desveló en su día que el procedimiento negociado con el que la protectora se hizo con la gestión de este servicio público, a todas luces parecía adulterado. Una de las empresas invitadas a este sucedáneo de concurso llevaba tiempo sin actividad. El propietario de una segunda aseguró que nunca recibió el fax de comunicación y que no presentó oferta. No parece que la Justicia haya mostrado hasta ahora mucho interés en verificar si hubo amaño y, si fuera así, identificar a quiénes participaron. Supongo que en Torremolinos habrá asuntos de mayor calado.