UN titular ("Se dispara el número de padres que quieren desheredar a sus hijos") me invita hoy a reflexionar sobre nuestro vetusto sistema sucesorio. Sus reglas, en su mayoría las mismas que se incluyeron en el Código civil en 1889, no parecen ya adecuadas a la realidad del siglo XXI. Han cambiado las familias, la edad de la muerte, la naturaleza de los patrimonios… Todo menos la rígida estructura que determina el destino de nuestros bienes. Y es que la institución de la legítima, nacida como un instrumento de igualación de los hijos, ha acabado convirtiéndose en un mecanismo inflexible, incapaz de responder justamente a la multitud de situaciones en las que el causante desea otro reparto más acorde con su sentir. La distribución vigente (a los descendientes les corresponden dos tercios del caudal, uno de reparto estricto y otro de mejora) partía de una sociedad radicalmente distinta: los hijos contribuían a la economía familiar, la esperanza de vida era de cuarenta años, había que asegurar el futuro de quienes, en el momento del óbito, normalmente aún eran jóvenes. Todos esos factores han mutado; la normativa no.

Añádase que las posibles causas de desheredación reconocidas son tremendas y se obtendrá una visión certera del panorama actual: los hijos, buenos o malos, van a ser premiados por el mero hecho de serlo; poco importa la ejemplaridad de sus conductas o la carga que cada cual quiso asumir. Salvo en los territorios forales, ésa es la conclusión para la inmensa mayoría de familias españolas.

Frente a ello, dos líneas de actuación: de una parte, la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha reinterpretado el concepto de "maltrato de obra" (causa de desheredación) para incluir en él no sólo el maltrato físico, sino también el maltrato psicológico derivado del desafecto, la desatención, el menosprecio y el abandono de los progenitores; de otra, la cuestión abierta y opinable de si ha llegado la hora de derogar las caducas legítimas y otorgar plena libertad al testador, lo que por supuesto exige el necesario impulso político y legislativo

Ésta es, al cabo, mi queja final: se dictan al año miles de preceptos sobre aspectos menores del interés común. Sobra cortoplacismo y falta altura de miras. Se aplaza con demasiada frecuencia el debate de lo importante, de lo que en verdad concierne al ciudadano. También en esto, por desgracia, nuestro país sigue siendo manifiestamente mejorable.