Ya en los preceptos antiguotestamentarios figuraba la liberación de los presos como signo de la llegada de Dios y el cumplimiento de sus promesas, junto a la visión de los ciegos y la limpieza de los leprosos. La decisión de dar por cumplida una sentencia de cárcel antes de lo dictaminado por los jueces es, desde antiguo, una demostración plenipotenciaria; por eso, más allá de lo que dicta la leyenda respecto a cierta procesión histórica que únicamente pudo llevarse a cabo por voluntad de un grupo de condenados, cabe advertir en la tradición de liberar a un preso a mayor gloria de Jesús El Rico un ejercicio de este poder suprainstitucional convenientemente aderezado como manifestación piadosa. Cada Semana Santa El Rico libera a un preso y la costumbre invita a verlo con consecuente naturalidad; pero este año en el que semejante puesta en escena no ha tenido lugar en la Plaza del Obispo, y en el que se espera aún el correspondiente desagravio, han cundido el pesar y la desdicha, incluso en boca del alcalde, al verse truncada tan hermosa tradición. Igual resulta oportuno recordar que la terna propuesta en su momento para la liberación de este año, de la que habría de salir el elegido, incluía a tres presos condenados, respectivamente, por un delito contra la salud pública, pertenencia a banda criminal y estafa a una empresa pública. Los responsables de la selección fueron, como dicta la tradición, la presidenta de la Audiencia Provincial, el fiscal jefe, el director de la prisión de Alhaurín de la Torre y el hermano mayor de la cofradía. El Tribunal Supremo descartó las dos primeras opciones y el Gobierno hizo lo mismo con la tercera al considerar inoportuna la liberación de un preso por corrupción. Y esto fue tachado por algunos como poco menos que una afrenta.

Mientras se selecciona una nueva terna de aspirantes, uno se pregunta por qué hay que dejar los asuntos relativos a la justicia en manos de la superstición. Es cierto que todavía puede salir algún ministro con ganas de imponer una medalla a una Virgen, pero por lo general las cuestiones relacionadas con el gobierno, la economía, la seguridad, la salud y todos los órdenes legislativos se dejan atados y bien atados, para alivio de los contribuyentes, sin atender demasiado a lo que indiquen ciertas tradiciones. ¿Por qué con la justicia se permite una excepción semejante? ¿Es suficiente la tradición para justificar una decisión que podría ser injusta respecto a las posibles víctimas de los delitos cometidos, aunque no sean de sangre, y muy especialmente respecto al resto de presos por los que esta gracia pasa de largo? Las víctimas de cada delito, por cierto, somos todos los ciudadanos. Tradicionalistas o no.

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