DIFERENTES iniciativas recientes de la Junta de Andalucía parecen marcar un dilema que afectaría a la configuración efectiva de nuestro sistema institucional. Por una parte, la estrategia estrella de Griñán, orientada a reforzar los circuitos centrales de la Junta reduciendo la capacidad de control de las delegaciones provinciales para hacer más operativas las directrices estratégicas del gobierno, parece marcar una clara línea de tensión frente al apogeo de los aparatos provinciales de partido propio de la anterior era chavista. Por otra, el proyecto de autonomía local, en teoría destinado a desbloquear la asfixia política y financiera de los municipios, supone al mismo tiempo una apuesta por el incremento de la capacidad de liderazgo local, permitiendo el desarrollo de políticas propias, aunque manteniendo el viejo entramado de las diputaciones provinciales.

¿Estamos ante un intento de rediseñar la estructura territorial del organigrama institucional de la Junta? Cuando se ponen en marcha proyectos tan ambiciosos, es posible que los diagnósticos que sirven de base a estas líneas de innovación no hayan sido acaso suficientemente compartidos, suscitando la duda de posibles contradicciones o solapamientos: así, mientras el proyecto presidencial de Griñán se justifica paradójicamente en el argumento de un reforzamiento de las delegaciones, a las que se dotaría ahora de un liderazgo unificado, la consolidación paralela del liderazgo político municipal suscita -dada la realidad existente- la duda de si al final se trata de avanzar hacia un sistema de repúblicas independientes en la escala local; es decir, a un modelo donde los gobiernos locales no sean considerados como elementos de un sistema de red, que debe progresar en circuitos de cooperación en la escala multinivel para avanzar hacia una efectiva gobernanza, sino como la arena de potenciales presidencialismos proyectados en un ámbito microdemocrático.

Es posible que tras estos diseños se oculte en realidad un debate que afecta al modo con el que los andaluces pretendemos encarar las tareas de dirección de la acción pública: ¿se trata de confiar en líderes políticos o en directivos públicos? ¿De apostar por las virtudes subjetivas y carismáticas de líderes visionarios que nos guíen en la difícil salida de la crisis de principios de siglo, o más bien de confiar en la formación y capacidad gestora de directivos públicos suficientemente experimentados? La respuesta a estas interrogantes marcaría una diferente inflexión en los mecanismos de selección.

La apuesta por el liderazgo se asentaría en última instancia sobre los aparatos partitocráticos, contando con la bendición ciudadana en las urnas. No habría, pues, innovaciones sustanciales respecto del anterior sistema, en el sentido de que la clase dirigente surgirá de los cuadros del partido mayoritario, suscitando los conocidos riesgos de una burocracia politizada y regida por la confianza y el amiguismo.

En cambio, la propuesta alternativa de avanzar hacia la formación de cuadros de directivos públicos, seleccionados en base a criterios de mérito y capacidad, suscita algunas dudas operativas que afectan a la propia capacidad de formación de nuestro sistema educativo. ¿En qué debemos formar a los cuadros de nuestra dirigencia pública, en derecho administrativo o en gestión empresarial? O, yendo un poco más allá en las interrogantes, ¿acaso nuestro sistema educativo superior dispone de conocimientos especializados suficientes en este campo como para formar a dirigentes públicos? Que las universidades o centros especializados sean capaces de ofertar bonitos másteres a disposición de los interesados es algo que acaso no llegue a ser suficiente si previamente nuestros formadores no se han enterado aún de qué es eso de la gestión pública o la gobernanza; es decir, si la noción de public management no ha hecho aún acto de presencia en la anquilosada estructura de nuestras áreas de conocimiento.

¿Qué conocimientos podemos entonces ofrecer para formar a nuestros directivos públicos? Si tenemos en cuenta que las auténticas claves de la innovación residen en factores de formación, la apuesta por la educación como vía de salida de la crisis exigiría en este caso determinar qué tipo de conocimientos deben tener nuestros directivos públicos y quiénes están en su caso en condiciones para impartirlos. La pretensión de que cualquier Universidad sabe de todo parece a estas alturas una auténtica falacia, cuando se trata de conocimientos especializados en un sector tan novedoso. Y la solución sería así de sencilla: si no los tenemos en Andalucía, habrá que buscarlos fuera.