No soy capaz de discernir si durante el confinamiento se limitaron o se suspendieron derechos. Sé que hubo que tomar medidas extremas de forma perentoria, urgidos por la necesidad de frenar la expansión del virus, siguiendo las recomendaciones de los expertos científicos y de las autoridades sanitarias. Lo mismo que hicieron casi todos los gobiernos del mundo. Lo prioritario era frenar la pandemia con procedimientos ajustados a la Constitución. Sin tiempo por las necesidades sanitarias de la población para mantener debates teóricos como el que durante meses han mantenido los miembros del TC. O los mantenidos por expertos constitucionalistas debatiendo, con sólidos fundamentos jurídicos, si era necesario el estado de excepción, como afirma la sentencia, o si la opción correcta era el estado de alarma, por el que optó el gobierno. Que el estado de excepción necesite aprobación parlamentaria es sin duda un argumento de peso para su defensa. Lo que sucede es que, más allá de consideraciones doctrinarias, nuestra excepcionalidad ha consistido en que la pandemia ha elevado al máximo el grado de división y polarización política en nuestro país, a diferencia de lo ocurrido en los países de nuestro entorno.

Dudo que alguien pueda creer que, en tal contexto, nuestro Parlamento habría dado su aprobación a un decreto para declarar el estado de excepción, poniendo en manos de un gobierno al que niega toda legitimidad, capacidades excepcionales para la anulación de derechos y libertades, de mucho mayor calado que las permitidas por el estado de alarma. Parece bastante improbable que ni la oposición de derechas ni los grupos nacionalistas, habrían aprobado poderes tan extraordinarios para el gobierno. ¿Creen de verdad posible que quienes se niegan a consensuar algo tan esencial como la renovación de los órganos constitucionales, habrían consensuado un estado de excepción? No oímos a VOX en sus manifestaciones callejeras durante la pandemia reclamar el estado de excepción; por el contrario, tildaban al confinamiento de arresto domiciliario o de ablación de derechos fundamentales. El señor Casado, por su parte, afirmaba que el gobierno había hecho a los españoles rehenes, que los mantenía en libertad vigilada y que para hacer frente a la pandemia no hacía falta estado de excepción, sino que bastaban banderas a media asta, un funeral de Estado y un monumento a las víctimas.