EL jueves 9 y el martes 14 de abril tendrán que comparecer, respectivamente, los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves ante el magistrado del Tribunal Supremo que instruye la parte del caso de los EREs fraudulentos que les afecta. Como imputados, pero sin auto de imputación que les implique en un delito concreto. Los otros tres aforados, ex consejeros de la Junta, declararán antes y después que ellos.

La citación judicial de los políticos más relevantes en el escándalo de corrupción más dañino de la autonomía andaluza elude, como era previsible, la campaña de las elecciones andaluzas y las elecciones mismas, y también sortea la Semana Santa, como era lógico. Se produce, no obstante, en la antesala de los comicios municipales, y alguna influencia ha de tener en sus resultados.

Griñán es llamado por los actos realizados en el desempeño de sus funciones como consejero de Economía y Hacienda y, después, como presidente de Andalucía en la concesión de ayudas sociolaborales y económicas a empresas y a personas físicas entre 2000 y 2012, y Chaves sólo como presidente. De la comparecencia, la documentación que obra en poder del instructor del TS y de otras diligencias que eventualmente ordene habrá de salir o el archivo de la causa contra los ex mandatarios autonómicos o el auto de imputación de delitos, previo al auto de apertura de juicio oral. Es decir, o el fin de la pesadilla que están viviendo Chaves y Griñán en el ocaso de su vida pública o el principio de un nuevo capítulo, el más dramático.

Lo que está encima de la mesa es si el magistrado Alberto Jorge Barreiro asume o rechaza el relato político-judicial que la juez Mercedes Alaya ha ido elaborando sobre el fraude multimillonario en la concesión de ayudas a despedidos y prejubilados (con intrusos, aseguradoras que duplicaron o triplicaron las comisiones propias del mercado, abogados y sindicalistas que intermediaron a buen precio): que el mecanismo utilizado para la gestión de estas ayudas, las llamadas transferencias de financiación, fue expresamente creado para eludir el control previo del gasto por parte de la Administración ordinaria y para beneficiar a gentes del entorno del poder político.

Este dilema, Alaya sí-Alaya no, equivale a la diferencia entre la responsabilidad política de los expresidentes, que parece innegable a estas alturas, y su presunta responsabilidad penal. Ser o no ser culpables, he ahí la cuestión. Puro Hamlet.